por Christian Echeverría S.
Mediante decreto ejecutivo 371, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actualicen o establezcan sus manuales operativos para el uso progresivo de la fuerza. La medida, según informó la Secretaría de Comunicación, respondió a la necesidad de enfrentar eficazmente a los grupos de delincuencia organizada (GDO) -declarados como grupos terroristas- debido a las “nuevas tácticas” que utilizan para atemorizar al Ecuador.
Sin embargo, la orden resulta irrisoria, si se tienen en cuenta varios aspectos que se detallan a continuación. No obstante, es preciso aclarar que el presente escrito no se manifiesta como un análisis sobre el marco legal que regula las acciones de las fuerzas del orden ni una advertencia ante los eventuales casos de extralimitación de funciones de los uniformados. Lo que se pretende es desnudar la utilidad como herramienta de política pública para combatir la criminalidad y las violencias que aquejan al país, especialmente aquellas desatadas por los GDO.
Un saludo a la bandera[1]
Para empezar, legislación sobre el uso legítimo de la fuerza ya existe. Se trata de la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza, publicada en 2022; mientras que su reglamento fue expedido en junio de 2023. Además, las Fuerzas Armadas cuentan con una comisión de legislación militar, órgano encargado de ajustar los procedimientos legales de los militares a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales.
En entrevista para Teleamazonas, el exsecretario de Seguridad y general en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, Wagner Bravo aseguró que los manuales operativos están actualizados y que la comisión mencionada analiza constantemente nuevos recursos legales para combatir al crimen organizado.
El exfuncionario ironizó con la premura con que Noboa exigió. “No se puede actualizar un manual de la noche a la mañana”, mencionó; e hizo énfasis en que el presidente no necesita un decreto, pues, como máxima autoridad de las fuerzas del orden, su ámbito de acción es el político-estratégico, no el táctico-operativo. Esas disposiciones les corresponden a otros niveles jerárquicos de la institución.
El anuncio del régimen es más un mensaje político. Así lo sostuvo el analista en temas de seguridad, Jean Paul Pinto en una entrevista para diario El Universo. El decreto no arroja ni una sola contribución, no hay nada nuevo, puesto que la actuar policial y militar ya se rige por ley y reglamento. Más bien tiene un aspecto político, declaró el experto: “es dar a la gente lo que pide. La gente pide mano dura (…), el presidente dice: ‘Los he escuchado’, y por lo tanto sacó el decreto”, recogió el medio.
Una medida aislada
Ecuador cerró el 2023 como el país más violento e inseguro de la región, conforme con Daniel Montalvo, director de investigaciones del Laboratorio (LAPOP). En su análisis recopiló datos oficiales que resultan escalofriantes, por ejemplo, que durante ese año se registraron 7.878 muertes violentas, es decir, una tasa de 46,5 homicidios por cada 100.000 habitantes; o que el 36% de ecuatorianos, lo que equivale a alrededor de 5 millones de personas, reportó haber sido víctimas de algún tipo de delito en 2023, de acuerdo con una encuesta del Barómetro de las Américas.
InSight Crime, fundación que estudia la seguridad nacional y ciudadana de América Latina y el Caribe, ahondó en estos datos, en los que los homicidios se dispararon en Guayaquil y Los Ríos, con 80% y 153% más, respectivamente. Por su parte, la ciudad de Esmeraldas desde hace unos años es considerada una de las urbes más violentas de Latinoamérica.
“La violencia y sus causas son fáciles de entender: bandas fragmentadas (GDO) en disputa por flujos de cocaína a granel, pero las autoridades aún no descubren cómo adelantar una respuesta efectiva”, reseñó la investigación.
La realidad muy poco ha cambiado desde entonces. Durante el primer semestre de 2024, han ocurrido 3.037 muertes violentas, según el portal de Operaciones Estadísticas de Seguridad del Ministerio del Interior. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, apenas hay una reducción del 17%, o sea, 627 casos menos.
En cambio, las cifras de secuestros, secuestros extorsivos y extorsiones han aumentado en relación con el año pasado. Una publicación de Lupa Media, un medio de comunicación dedicado a la verificación de información, reveló que los secuestros y extorsiones se han incrementado en un 42% y 92%, respectivamente.
Los datos de la Fiscalía General del Estado arrojan que, entre enero y junio de 2023, sucedieron 669 casos de secuestro; mientras que en 2024 ascendieron a 948, un aumento del 42%. Lo mismo ocurrió con los secuestros extorsivos, de 627 casos en 2023, pasaron a 976 en 2024, lo que equivale a un 56% más.
De manera más alarmante se elevaron las extorsiones. Durante el primer semestre de 2023 fueron de 7.296 casos, y para el mismo periodo en 2024 fueron de 13.993, un 92% más.
Los datos demuestran una discordancia con el discurso del gobierno y sus cifras. El Plan Fénix no devela acciones contra la inseguridad. Y dentro de este marco, el primer mandatario decidió poner “mano dura” contra el crimen organizado sin entender, o sin querer entender, que atacar y mitigar a este fenómeno, sus economías ilegales, sus ramificaciones y consecuencias requiere una visión integral de la política pública.
Mirella Tonato, abogada y especialista en derechos humanos, considera que la política pública del presidente Noboa se enfoca de manera errónea y aislada, le hace falta una mirada integral e intersectorial. La decisión del jefe de Estado busca la aprobación de un sector de la población sin identificar las necesidades que originan esos problemas.
“El Plan Fénix en su ejecución es una serie de iniciativas cada vez más punitivas y reactivas, que no vienen de una planificación. La seguridad ciudadana es una política pública de Estado que debe tener planificación y responder a cada contexto. Eso no tiene el gobierno, por eso actúa de manera reactiva”, señaló Tonato en un conversatorio para la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Si escala la violencia, se declara estado de excepción y los militares salen a las calles (que no son de primera línea). Si los GDO arremeten, se emite un decreto, por ejemplo, el 111 que considera la situación de violencia y de seguridad ciudadana como Conflicto Armado Interno. Todas las respuestas han sido reactivas y esta última no escapa a ese criterio.
Con la falta de visión integral, Tonato se refiere a que la medida de actualizar manuales no se articula al sistema judicial, a uno sólido y que impida el paso a la corrupción e impunidad. Tampoco va de la mano con el sistema penitenciario, que ha dejado de cumplir con el objetivo con que fue creado: la reinserción social y la rehabilitación. Y del mismo modo, está en disonancia con la falta de implementos de la Policía Nacional, añadido a la insuficiente instrucción de los uniformados (antes era de dos años, ahora es de seis meses).
Asimismo, el eje preventivo es el menos asistido. No se retoman espacios culturales, no se fortalece el sistema de educación, no se generan plazas de empleo. Trabajando estos puntos se socorren a la niñez y adolescencia y se los arrebata de las filas del crimen organizado. Si no se entrelazan las diferentes instituciones del Estado, ninguna medida va a funcionar.
Populismo penal
El decreto 371 también puede entenderse como una disposición de carácter populista, para ser exactos en la materia, aquello que se denomina populismo punitivo, no obstante, más utilizado es el término populismo penal. Como lo señala una investigación de la revista científica Prometeo, esta categoría constituye una “técnica utilizada por la clase política para generar una falsa sensación de seguridad en la sociedad, mediante la utilización del poder punitivo”.
La orden del Ejecutivo se ajusta perfectamente a esta descripción. Por un lado, es un saludo a la bandera que no cambia nada, ya que la legislación sobre el tema existe y está vigente; y, por otro lado, debido a que no se vincula con ninguna otra esfera institucional o planificación del aparato estatal, es imposible esperar eficacia alguna.
El decreto encuentra cobijo solamente en el nivel discursivo. Ninguna sorpresa, ese fue el objetivo desde un inicio. Como lo mencionó Pinto, es dar a la gente lo que pide. De esta forma, el actual inquilino de Carondelet halla el asidero perfecto para sus acciones por el simple hecho de proceder como la población piensa, siente y quiere. ¿Y qué quiere una población cada día más hastiada de la violencia y la inseguridad, cada día más dubitativa de leyes que no se aplican y de funcionarios que las corrompen, cada día más repelente -ya sea por ignorancia o desesperación- hacia los derechos humanos? Quiere “mano dura”.
Adicionalmente, como relató Máximo Sozzo, docente universitario y experto en Sociología Criminal Internacional en una entrevista para la revista académica URVIO, el populismo penal se trata de una “tendencia más marginal, oportunista, que aparece y desaparece de acuerdo a las coyunturas”. Cabe recordar dos puntos: uno, que la crítica al Plan Fénix es constante, la ciudadanía no percibe sus resultados; y dos, las elecciones presidenciales de 2025 están a la vuelta de la esquina y Daniel Noboa buscará su reelección, por lo tanto, es importante para él magnificar lo que ha logrado hasta ahora.
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En conclusión, basta un breve análisis para afirmar que la actualización de manuales operativos del uso legítimo de la fuerza no surgirá efecto alguno para reducir el impacto del crimen organizado en el país.
Se necesita un plan que no solo reaccione a los desmanes, sino que integre a las diferentes instituciones del Estado de forma preventiva y en la desarticulación de los grupos armados beligerantes no estatales. Aquí es donde se requieren las decisiones del presidente Noboa, su preocupación debe enfocarse en un rango estratégico-político. Él no pertenece a las filas policiales o militares, no forma parte de los operativos tácticos, no tiene el conocimiento ni la instrucción para saber cómo actuar ante determinada amenaza.
Finalmente, no es la primera vez que expone sus credenciales antidemocráticas acudiendo a medidas populista en seguridad para hacer frente a las situaciones. La consulta popular que encabezó o la declaración del Conflicto Armado Interno fueron claros ejemplos de ello. De seguir en esa línea, profundizará aún más las fracturas de los principios que cumple un estado garantista.
[1]“Gesto desprovisto de todo valor y solemnidad, aludiendo a una acción irrealizable y demagógica y sin importancia al referirse a la no materialización de algún compromiso u ofrecimiento”. Cita recuperada de Revista Digital Con Nuestro Perú
Christian Echeverría S.
Comunicador social por la Universidad Central del Ecuador. Periodista que cubre temas de política, sociedad, criminalidad y derechos humanos. Actualmente es integrante de la Fundación Inredh en el departamento de Comunicación en calidad de voluntario.