Las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las familias de las víctimas de las masacres carcelarias en Ecuador denunciaron que, en la audiencia de acción de protección, la posición del Gobierno y sus instituciones estuvo llena de insultos, calificaciones denigrantes, calumnias y de información falsa e impertinente; así lo informaron hoy, jueves 13 de julio de 2023, a través de un comunicado.
El pasado miércoles, 12 de julio de 2023, se instaló la audiencia de acción de protección, presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-GYE), el Comité de Familiares por Justicia y la Red Internacional de Mujeres Familiares de personas privadas de libertad, con la que se buscan que el Estado y sus instituciones reconozcan su responsabilidad en las masacres carcelarias y que exista una reparación integral para las familias de las personas privadas de libertad.
En el comunicado, el CDH-GYE explica que las intervenciones de las y los funcionarios públicos se enfocaron en ridiculizar y denigrar las intenciones de las familias y de sus representantes legales con esta acción. Concretamente, se dijo que este tipo de acciones legales eran “un buen negocio”, que “solo buscan dinero” y que las familias promueven el sistema de corrupción dentro de las cárceles, pero, además, que como organización de derechos humanos eran cómplices.
Lo más grave, -se menciona en el pronunciamiento- es que no hubo ninguna posición respetuosa frente al dolor de las familias pues reprodujeron de forma progresiva posiciones estigmatizantes como la de “la violencia la causan los violentos, no tenemos nada que ver” volviendo a posicionar la idea de que hay personas que merecen morir y otras que no. Y que nada tiene el Gobierno y sus instituciones que ver con la muerte de más de 600 personas privadas de libertad en las masacres.
📢#Pronunciamiento
Instituciones púbicas del gobierno violentan a familiares víctimas de las masacres carcelarias en audiencia de acción de protección que busca exigir #VerdadJusticiaYReparación a través de discursos estigmatizantes, calumniosos y maliciosos. pic.twitter.com/sMe8GjOtTU— CDH.GYE (@CDHGYE) July 13, 2023
Ante esta situación, la organización guayaquileña solicita la vigilancia del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas (ONU); a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a la oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Ecuador; al Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, y organizaciones internacionales como Human Right Watch (HRW), Amnistía Internacional, CEJIL y otras.
Consideran indispensable esta vigilancia de forma permanente a la actuación del Gobierno y sus instituciones públicas en el presente proceso judicial para la protección de la integridad de víctimas de tortura como lo son las familias víctimas de masacres carcelarias.
Asimismo, indican que iniciarán las acciones legales y administrativas respectivas contra la representante del Ministerio de Gobierno al insinuar que esta organización y las familias promueven los hechos de corrupción dentro de las cárceles del Ecuador.
Se prevé que la diligencia se reinstale luego de 10 días término, en los cuales la Procuraduría deberá presentar los documentos pertinentes para demostrar los avances en cuanto a disminución de hacinamiento, el grado de ejecución de la política pública, los beneficios penitenciarios, el nivel de información sobre las masacres y las personas privadas de libertad, y del censo de la población penitenciaria. De no entregar dicha información, esta cartera de Estado será acusada de desobediencia directa a la orden de un juez.
CONTEXTO:
Estas medidas constitucionales, presentadas en contra del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI); el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos; el Presidente de la República del Ecuador; el Ministerio del Interior; el Ministerio de Gobierno, y la Procuraduría General del Estado, señalan que el Estado es responsable por promover el encarcelamiento como política pública, mas no la reinserción social; por no evitar, bajo todos los medios, los hechos de violencia suscitados en los centros carcelarios, y por incumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Dentro de este proceso, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentará un amicus curiae (tercera persona interesada) que enmarca la relación que existe entre las masacres carcelarias y las ejecuciones extrajudiciales, ya que se puede identificar que los homicidios ocurren bajo el consentimiento u omisión de servidores públicos como policías y la institución encargada de la atención integral SNAI, evidenciando una falta de acción adecuada por parte del Estado para prevenir estos eventos”, explica Vivian Santander, asesora legal de Inredh.