En la madrugada del 23 de julio del 2024, la sede de la Federación Interprovincial del Centro Shuar (FICSH) fue desalojada por parte de Policía Nacional. Desde las organizaciones de derechos humanos, nos resulta sumamente preocupante este tipo de acciones.
No solo porque constituyen un acto vulneratorio de derechos constitucionales, respecto a las garantías del debido proceso que los entes estatales deben observar y acatarlos de manera imperativa. Sino que, además esto representa una injerencia del sistema occidental sobre la cosmovisión de los pueblos, cuyo derecho a la autodeterminación les permite decidir libremente su condición política y su desarrollo socio-cultural, por lo que cualquier conflicto existente al interior de la organización de base debe ser resuelta bajo sus propios preceptos.
De esta manera, se reconoce y, sobre todo, respeta la existencia de un Estado plurinacional e intercultural, donde no existe la sobreposición de un sistema sobre otro.
En este sentido, desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazamos este tipo de acciones que contravienen a los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. A la vez que instamos a las autoridades a respetar el status de defensores de los dirigentes de las organizaciones de base, por lo cual no se puede inobservar las convenciones en donde se estipula que los Estados deben asegurarles un entorno seguro para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Así como también ser enfáticos en recordar que el Estado ecuatoriano es un país constitucional de derechos y justicia, que no permite el atropello de las cosmovisiones occidentales frente a la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas.