Durante su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado ecuatoriano recibió 174 recomendaciones –en materia de derechos humanos y de la naturaleza- que realizaron varios de los 193 países que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
Las recomendaciones al Ecuador abordaron varios ámbitos de vulneración de derechos a mujeres, niñas/os, pueblos y nacionalidades, migrantes, población carcelaria, periodistas, varios grupos sociales más y fueron incluidas en el informe de resultados del Examen Periódico, que fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, este 24 de marzo de 2023, en Ginebra-Suiza.
Representantes de Estados y organizaciones de la sociedad civil aprobaron la postura de aceptación de las recomendaciones, demostrada por el Estado ecuatoriano, sin embargo, señalaron que esperan que las recomendaciones se apliquen en Ecuador y que permitan resolver las situaciones de total o parcial desprotección estatal en la que viven diferentes grupos sociales en Ecuador.
El embajador de Ecuador, Cristian Espinoza, aseguró que de las 174 recomendaciones aceptaron 144 en diciembre de 2022, que otras 20 recomendaciones adicionales cuentan con su apoyo; es decir, en total, el país aceptó 164 de las 174 recomendaciones.
Ecuador ya participó en los exámenes periódicos de 2008, 2013 y 2018 donde también aceptó varias de las recomendaciones realizadas por otros Estados. Actualmente, en Ecuador se evidencian claros problemas sociales, económicos y políticos por lo que la respuesta y la adopción de acciones -enmarcadas en las recomendaciones recibidas y en otras problemáticas más- debe ser urgente.
Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH, explica que “Ecuador está obligado a cumplir con los compromisos internacionales que adquiere y por eso este mecanismo de Examen Periódico Universal se convierte en un indicador que permite verificar y dar seguimiento al cumplimiento de derechos fundamentales en el país”.
Además, la jurista recalcó que “como organizaciones de la sociedad civil también se debe dar una vigilancia interna a las recomendaciones que aceptó el Ecuador para que cumpla con el ofrecimiento realizado a nivel internacional”.
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