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Luis Angel Saavedra |
19/10/2015 |
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Funcinarios estatales boicotean misión de verificación de desalojos en Tundayme |
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El pasado 30 de septiembre, miembros de la empresa minera china ECUACORRIENTE desalojaron a 13 familias de la comunidad de San Marcos; esta acción estuvo respaldada por miembros de la Policía Nacional.
Los desalojos se realizaron sin notificación previa y en predios que poseían escrituras legales y sobre los cuales no pesaba ningún proceso legal o de servidumbre.
Luego de estos hechos arbitrarios e ilegales, el gobierno nacional inició una campaña de propaganda para difundir la supuesta legalidad de las acciones de la empresa; sin embargo la realidad no se podía ocultar.
Ante las mentiras del gobierno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) organizaron una misión de verificación de lo acontecido en Tundaymi e invitaron al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, la Ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, y la Asambleísta de Zamora, Sobeida Gudiño, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos. Se invitó además a una delegación de la oficina de Naciones Unidas en el Ecuador.
La oficina de Naciones Unidas en el Ecuador dio a conocer que, por razones de protocolo, ellos solo podían hacer parte de una misión de esta naturaleza solamente si hay presencia de funcionarios estatales, en especial de la Defensoría del Pueblo.
El defensor del Pueblo se negó a hacer parte de esta misión aduciendo que habían iniciado una investigación independiente; sin embargo, nunca ningún funcionario de esta institución había visitado Tundaymi, lo que hacía ver que la negativa del Defensor del Pueblo constituía un boicot para que Naciones Unidas no pueda asistir a esta misión, pues su presencia era la única garantía de tener una visión independiente sobre lo acontecido en Tundaymi, ya que los informes de las organizaciones sociales y de derechos humanos son desacreditadas por el gobierno a través de sus campañas de propaganda; y los informes de la Defensoría del Pueblo favorecen la posición gubernamental.
Por su parte, la Ministra de Justicia, Ledy Zúñiga no se dio por enterada de la invitación pública realizada para que acompañe la misión a Tundaymi. Nunca respondió a la invitación.
De igual forma, la asambleísta de Zamora por Alianza País, Sobeida Gudiño, tampoco aceptó ser parte de esta misión, pues nunca respondió a la invitación realizada a pesar de que a medios de comunicación dijo que “iría encantada a visitar Tundaymi”.
La asambleísta Gudiño, al ser la presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, tiene como responsabilidad velar por el cumplimiento de estos derechos, más aún si las violaciones se producen en la provincia que representa.
Resulta inconsecuente además que esta asambleísta se haya negado a apoyar una resolución plantead en la Asamblea Nacional mediante la cual se condenaba los desalojos en Tundaymi. La asambleísta Gudiño salió de la sesión para no votar ni a favor ni en contra, así evitó dar la cara a un problema por el que atraviesa su provincia.
Las familias desalojadas están ahora en condiciones precarias, “arrimadas” en casas de familiares o bajo techos improvisados en el Valle del Quimi y en Gualaquiza.
Los funcionarios estatales boicotearon la misión a Tundaymi, pero esto no detendrá la información que empieza a circular y que da cuenta del atropello que vivieron los habitantes de San Marcos, quienes en los próximos días visitarán la oficina de Naciones Unidas en Quito para exponer su situación.
Comunicaciones INREDH
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