INREDH FRENTE A LA OLA DE VIOLENCIA QUE VIVE EL PAIS
INREDH lamenta la muerte violenta de cientos de personas en calles y cárceles del país, las más recientes, la muerte de agentes policías en ataques armados y coordinados que se han producido en los últimos días. INREDH se solidariza con las familias de las víctimas y desea aportar a un debate público urgente y necesario para adoptar las medidas inmediatas, pero, sobre todo, las medidas que a mediano y largo plazo nos permitan construir una sociedad más segura y justa para todos y todas. En este marco compartimos algunos puntos que deberían ser incluidos de forma urgente en la agenda gubernamental:
- Todos los seres humanos tenemos derecho al respeto y la garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal. Los miembros de la fuerza pública no son la excepción. Las delicadas funciones que ejercen requieren del Estado capacitación, equipamiento y estructuras adecuadas. Que las fuerzas de seguridad del Estado ejerzan sus delicadas funciones en el marco de la legalidad y el respecto de los derechos fundamentales, incluye condiciones dignas para su trabajo.
- Resulta preocupante constatar la facilidad con que agentes de policías son emboscados en sus propias unidades policiales y en sus propios recintos. Esto evidencia una vez más la falta de preparación que tiene la Policía para efectuar operativos y labores de vigilancia con hábitos de precaución y alerta permanente que les permita rechazar estos ataques. Los lugares de trabajo de la policía deben estar concebidos para las delicadas labores que realizan, lo cual incluye la posibilidad de resguardo constante y refuerzos estructurales. Solicitamos que, en el marco de la poca ejecución presupuestaria del Estado, se hagan los ajustes presupuestarios para que, frente al aumento de la violencia, la Policía de primera línea cuente con infraestructura adecuada.
- Es de gran preocupación la ausencia de una estructura de inteligencia que permita prevenir el accionar de las bandas delincuenciales. Los diferentes gobiernos han invertido importantes recursos supuestamente para fortalecer las acciones de inteligencia policial. Al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos han podido constatar como dichos recursos han sido utilizados para perseguir a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, así como a opositores políticos.
- Esto nos lleva a pensar en el rol represivo que tiene el Estado en los barrios populares controlados por el crimen organizado. La construcción de una policía comunitaria tenía el rol de acercar el Estado a la comunidad, que la policía sea considerada parte de ella, una parte respetada y apreciada. Solo de esta manera las comunidades más afectadas por el crimen organizado se pueden unir con el Estado para enfrentar este fenómeno. Los cruentos ataques que sufrió la Policía Nacional no podrán ser evitados en el futuro si la policía no cuenta con ojos y oídos en las comunidades. Esa relación se construye con respeto y confianza que empieza por el reconocimiento de la dignidad de las personas y sus derechos a condiciones mínimas de vida. Muchos de los barrios de Esmeraldas controlados por el crimen organizado no tienen ni agua potable.
- Es inadmisible tratar de explicar la violencia de estos días solo con el hecho del traslado de personas privadas de libertad, más inadmisible aún usar la tragedia que viven las familias de las personas asesinadas como termómetro de lo bien que le va al gobierno en la lucha contra las bandas criminales. No se puede desconocer que las bandas criminales se están disputando un mercado de droga y esto obedece al cambio en el modelo de negocio que se vive al interior de los carteles. Pero esos conflictos se dan en un contexto socio económico que no se creó de un día para el otro y que tampoco se va a solucionar inmediatamente. Llevamos cincuenta años implementando una lucha contra las drogas únicamente desde el punto de vista armado y represivo. Es evidente que esta lucha ha fracasado. Es importante entonces pensar en un nuevo modelo de lucha contra las drogas con una perspectiva local, priorizando una agenda nacional y la paz interna. Al fracasar la denominada “mano dura” debemos atrevernos a pensar en políticas comunitarias propias que nos permitan reducir tanto la violencia, como la demanda.
- Rechazamos las declaraciones gubernamentales que intentan posicionar a los derechos humanos y a las organizaciones que los defienden como lastres en la lucha en contra de la delincuencia. Los derechos humanos son universales, irrenunciables, interdependientes e inalienables y deben ser respetados incluso en estos aciagos momentos, sin discriminación alguna para todas las personas. El afirmar que las personas que cometen un delito pierden sus derechos humanos es una lamentable confusión que lejos de dar mejores condiciones a los servidores policiales, los pone en riesgo legal e institucional. Por lo tanto, exhortamos al gobierno en general, y a la policía en particular, a observar estrictamente, en cada uno de sus operativos, el uso progresivo de la fuerza establecida en la normativa nacional y en tratados internacionales de los cuales el Ecuador hace parte.
- Exigimos al gobierno manejar su discurso con responsabilidad. El problema que enfrentamos no empezó en este gobierno, eso es público y notorio, son condiciones de exclusión y violencia que se han gestado décadas atrás. Sin embargo, el gobierno no puede tratar de desviar la atención pública señalando la responsabilidad de los niveles de violencia a organizaciones o personas de la sociedad civil. Es deber del gobierno disminuir los niveles de violencia en la sociedad, esto no puede alcanzarse con discursos que pueden poner en riesgo el trabajo de activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes y lideresas sociales. Hemos recibido reportes en los últimos días de amenazas de sicariato, asesinatos y violaciones a estas personas y a sus familias por redes sociales. Estos ataques han sido especialmente violentos en contra de mujeres. Independientemente de que tan creíbles sean estas amenazas, el gobierno no puede incentivar este tipo de discursos con declaraciones como las del Presidente de la República dio en contra de las organizaciones de derechos humanos. Recordamos al gobierno nacional su obligación reforzada de proteger a defensores, defensoras de los derechos humanos, así como a líderes y lideresas sociales y periodistas.
- Finalmente, creemos necesario pensar la violencia desde otra perspectiva, pues su mayor crudeza se ha presentado en ciudades (Guayaquil y Esmeraldas) donde hay mayor vulneración de derechos humanos. En estas ciudades, los barrios con mayor influencia de bandas son aquellos en donde no hay agua potable (derecho humano al agua). No hay escuelas durante gran parte del año (derecho a la educación). No hay centros médicos ni medicinas (derecho a la salud). Las personas viven en una economía de supervivencia sin seguridad social ni salario mínimo (derecho al trabajo y a la seguridad social). Los niños no tienen canchas para practicar deportes, ni acciones extracurriculares con deberes dirigidos o cualquier tipo de incentivo para aprender ciencias o talleres para oficios (derecho de atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes). Esos espacios están completamente abandonados por el Estado. Las niñas y niños que nacen en esas condiciones están condenados a vivir en la pobreza, como sus padres o a dejarse enrolar desde temprana edad en una de estas bandas que, al fin y al cabo, les dan lo que como sociedad deberíamos garantizar.
El Gobierno considera que su retórica de meter presos a las cabecillas de las bandas solucionará el problema. Este discurso trata de ocultar realidades que son de conocimiento de las autoridades y de la sociedad civil: que los líderes de las bandas cuentan con todas las facilidades para seguir operando remotamente desde las cárceles. Los pabellones se han convertido en fortalezas para buscar protección en el marco de las disputas entre bandas del crimen organizado. Estos grupos controlan el ingreso y salida de las cárceles, donde policías y militares son parte también de esos grupos, según las denuncias públicas. Las cárceles se han convertido en espacios para extorsionar a las personas privadas de libertad que no pertenece a un grupo y para reclutar a más gente empobrecida y racializada en los espacios en donde el Estado debería garantizar el derecho a educación, salud y rehabilitación, pero en lugar de eso, el Estado perpetúa las condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos a las personas privadas de la libertad.
Frente a esta situación reiterativa seguimos exigiendo al gobierno nacional y al Estado ecuatoriano en su conjunto actuar de manera inmediata no solo con discursos securitistas y estados de excepción; sino con medidas que den respuesta a los problemas sociales y económicos que se traducen en el aumento de la precariedad, la vulneración de derechos y, como consecuencia, el aumento de la delincuencia.
Solicitamos apertura y transparencia para que Gobierno, Academia y Sociedad civil puedan aportar en el diseño y seguimiento de políticas públicas integrales de seguridad ciudadana, ejecución de penas y seguridad urbana, para evitar escenarios arbitrarios o contrarios a la misión institucional de estos organismos.
Exhortamos nuevamente al gobierno y a la policía a observar estrictamente, el uso progresivo de la fuerza establecida en la normativa nacional y en tratados internacionales de los cuales el Ecuador hace parte.
Exhortamos a la Fiscalía General del Estado a garantizar el derecho a verdad y justicia de todas las víctimas asesinadas por la violencia delincuencial en el país, en el marco del respecto a la legalidad, el debido proceso y los derechos humanos.
Finalmente, confiamos que todos los actores políticos, públicos y sociales mantengan una posición de unión nacional en favor de la paz, el diálogo y medidas de largo plazo que solucionen nuestros problemas estructurales.
Asamblea General de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH