Inredh solicitó declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad que realiza reformas a la ley del IESS y BIESS; normativa que entró en vigor desde el pasado 01 de octubre de 2025. Esta norma fue calificada y promovida como urgente en materia económica por parte del Ejecutivo representado por el presidente Daniel Noboa.
La ley justifica estas reformas bajo el argumento de fortalecer la institucionalidad del Instituto de Seguridad Social y su banco el BIESS, mencionando que habrá mayor liquidez y la gestión será más eficiente. Además, se desarrolla en el marco del cumplimiento de la sentencia 72-24-IN/25.
Esta normativa faculta la prenda del portafolio de inversiones, la venta de la cartera vencida, la designación del vocal del Consejo Directivo del IESS (CDIESS) directamente desde el poder Ejecutivo y el costo operativo de la elección de los vocales restantes del CDIESS con cargo al presupuesto del IESS.
Sin embargo, la acción presentada por Inredh impugna estas disposiciones reformatorias puesto que al habilitar la prenda del portafolio de inversiones y la venta de la cartera vencida compromete el patrimonio del sistema de seguridad social al menoscabar los fondos y reservas de los afiliados y jubilados, por tanto, compromete el pago de pensiones, prestaciones de salud y cobertura en casos de contingencias.
Además, que el Ejecutivo designe directamente al vocal del Consejo Directivo del IESS sin la participación de la Asamblea Nacional como órgano de representación popular, contradice los principios de transparencia y participación en la administración pública, puesto que elimina la participación ciudadana y suprime un mecanismo de contrapeso que garantizaba pluralidad, transparencia y deliberación.
Sumando a ello, que el costo operativo de la elección de los vocales restantes del CDIESS sea con cargo al presupuesto del IESS constituye una injerencia pues vulnera la prohibición expresa de disponer de los fondos y reservas de la seguridad social con dines que no corresponden a su naturaleza social.
Finalmente, estas disposiciones reformatorias lejos de fortalecer la institucionalidad y aumentar la liquidez, ponen en riesgo la sostenibilidad financiera e institucional del IESS y BIESS, representando un retroceso de derechos que amenazan con el presente y futuro del sistema de seguridad social ecuatoriano. Desde Inredh se espera que el Pleno de la Corte Constitucional reconozca la vulneración de derechos fundamentales relacionados con el derecho a la seguridad social planteados en la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia.
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