Jueces declaran nula la sentencia por los hechos de tortura en Turi

El Tribunal de la Corte Provincial de Azuay declaró ayer, 13 de marzo de 2020, la nulidad de la sentencia condenatoria en contra de los 37 de los 42 policías procesados por los actos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos en contra de las personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social Turi.

Los argumentos fueron que se violentó el principio de congruencia porque Fiscalía acusó por el delito de tortura y el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio; dos, no se cumple el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que trata sobre la individualización de la responsabilidad; y tres, porque no se incluyó en la sentencia la suspensión de la pena de los policías acusado. Así lo dijo el juez ponente Juan Carlos López en la sala de audiencia de la Corte Provincial de Azuay.
Para David Ayala, defensor público y abogado de las víctimas, esta sentencia es un retroceso y detiene al caso. “El caso se va a estancar, pues vuelve a la fase de juicio. De alguna manera la sentencia de primera instancia era una respuesta a las víctimas, ahora ellas quedan en la incertidumbre”.
Además, Josué Lara, asesor jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), dice que espera que no se repitan las dilaciones innecesarias y el retardo injustificado que presentó el proceso, que desde hace más  de tres años solicita a las autoridades judiciales que brinden las garantías básicas de un debido proceso para la correcta e imparcial consecución del proceso y la aplicación de principios de derechos humanos que haga del proceso penal célere y efectivo. Como Fundación estaremos alertas de que se respeten los derechos humanos y las garantías judiciales de las víctimas.
Contexto:
El día martes, 31 de mayo de 2016, aproximadamente a las 10h00, ingresaron los miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) al Pabellón de Mediana Seguridad “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi – Cuenca con el objetivo de realizar una requisa en el lugar.  Sin embargo, esto no ocurrió así, cerca de 200 personas privadas de la libertad fueron víctimas de golpes, toletazos, descargas eléctricas e incluso fueron obligados a desnudarse mientras les lanzaba gas lacrimógeno en el rostro.
Por estos hechos, el 30 de junio de 2016, el juez Juan Esteban Vélez Pesantez aceptó el habeas corpus a favor de las 13 personas privadas de libertad y ordenó siete medidas de reparación integral que aún el Estado está cumpliendo.