El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, suspendió la mañana de este miércoles 6 de febrero de 2019, la audiencia de acción de protección en contra de Hidrotambo S.A., la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes.
Previo a la instalación de la audiencia, el juez Pazmiño, argumentó que no se notificó debidamente al Prefecto de la provincia de Bolívar, Vinicio Coloma Romero, por lo cual difirió la audiencia para el viernes 8 de febrero de 2019 a las 8h30 en el Complejo Judicial Chillanes.
Interior Complejo Judicial Chillanes
La Acción de Protección fue planteada por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, debido al desborde del río del 19 y 20 de marzo de 2015, cuando el río desviado, arrasó con la comunidad, llevándose tres vidas humanas, 12 casas, animales y cultivos.
“Nosotros hemos notificado en debida forma al Gobierno Provincial y al procurador síndico, sin embargo el juez no dio paso a la certificación a través del secretaría. En ese sentido está violentando el derecho a la defensa a la comunidad San Pablo de Amalí que exige el respeto y la defensa de sus derechos” dijo Wilfrido Acuña, Defensor del Pueblo de Bolívar, quién denunció a la opinión pública la ilegítima suspensión de la audiencia.
Cedhu y Defensoría del Pueblo explican la resolución del juez en el exterior del Complejo judicial de Chillanes
Para Nelson Atupaña, asesor legal de Inredh, el juez debe actuar en derecho y garantizar un proceso constitucional de protección de derechos de la comunidad de San Pablo de Amalí.
La suspensión de la audiencia generó indignación y malestar en los más de 50 habitantes de las comunidades de la cuenca del río Dulcempamba que organizaron un plantón en los exteriores de la Unidad Judicial para exigir la reparación integral y el derecho a una vida digna.