Hoy, viernes 8 de febrero se desarrolló en el complejo judicial del cantón Chillanes, provincia de Bolívar, la audiencia de acción de protección para constatar la omisión del Estado en los procesos de regulación y control, a la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. Esto debido a la tragedia que provocó la empresa al desviar el río Dulcepamba, lo cual destruyó 12 casas, cultivos y cobró la vida de 3 personas el 20 de marzo del 2015.
La acción de protección se presenta también contra la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes. Por su nulo control a la empresa Hidrotambo S.A.
El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Chillanes, Eduardo Rafael Pazmiño, instaló la audiencia a las 8:30 de la mañana, se presentaron los alegatos de las organizaciones accionantes, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), centraron sus intervenciones en la responsabilidad empresarial que tiene Hidrotambo S.A. con los habitantes de San Pablo de Amalí, por el daño ambiental que han generado.
INREDH presentó un Amicus, donde se expone la responsabilidad del Estado por omisión, Amicus que fue recibido por el juez, sin embargo no se otorgó tiempo en la audiencia para su argumentación. Posteriormente Beatriz Villarreal se presentó en la fase de pruebas y testimonios, para exponer los daños psicosociales que produjo la empresa y el desbordamiento del río en los habitantes de San Pablo de Amalí.
Pazmiño determinó que se realicen dos prueba adicionales, a las presentadas por los accionantes, una prueba psicológica aleatoria de 10 habitantes de la cuenca del río Dulcempamba, se otorgó 8 días para enviar el informe, Pazmiño también solicitó una visita in situ para constatar los daños generados por la empresa, acción que se llevará acabo este miércoles 13 de febrero en San Pablo de Amalí
Es por ello que la audiencia de protección, para constatar la omisión del Estado, queda suspendida hasta la presentación de las pericias solicitadas. El juez notificará la fecha de esta nueva audiencia.