Hoy, 12 de septiembre, en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Adolescencia, se realizó la audiencia pública para tratar la acción cautelar presentada por la Clínica Ambiental, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH GYE), la Alianza por los Derechos Humanos y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos Inredh. A esto se sumaron organizaciones aliadas y representantes de la sociedad civil.
En primer lugar, la audiencia se desarrolló en torno a los alegatos de las organizaciones demandantes. Fernando Bastias, del CDH Guayaquil, expuso la grave situación que atraviesa el Hospital Eugenio Espejo, señalando que esta realidad puede generar una inminente afectación a los derechos constitucionales, particularmente al derecho a la salud y a condiciones de atención dignas.
En este marco, la acción cautelar se consolidó en los argumentos de las partes demandantes, quienes resaltaron la urgente necesidad de presupuesto, medicamentos y medidas inmediatas para garantizar un trato digno tanto a pacientes como a trabajadores. De no adoptarse estas acciones, advirtieron, se corre el riesgo de una vulneración grave e inminente de los derechos constitucionales.
Asimismo, Dayuma Amores Zurita, abogada de Inredh, subrayó ante el juez la inminente vulneración a los derechos humanos que puede derivarse de la falta de atención adecuada en el hospital. Señaló que: “En relación con el derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 66, numeral 3, de la Constitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que la falta de atención médica en los diferentes centros de salud puede generar angustia, ansiedad e impactos graves que afectan la integridad física y psicológica de los pacientes”, de igual manera señaló “Que existe un informe firmado por más de 34 profesionales, que dirigen los principales servicios médicos alertando de la grave crisis y solicitando al Estado que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud, pues el no hacerlo solo acrecentaría la situación que hoy por hoy es insostenible”
Por su parte, Pablo Fajardo, de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco (UDAPT), mediante la presentación del amicus curiae, resalto que: “En los últimos 7 años, hemos trabajado con los pacientes oncológicos, y en gran parte son consecuencia de la contaminación ambiental por las aguas contaminadas. Muchas veces acuden al hospital y sus citas son canceladas por cualquier cosa o no hay medicamentos para solventar la enfermedad. El problema más grave son los reactivos para exámenes de estudios. Eso no hay. Es por eso por lo que solicitamos al Estado nos garantice que los pacientes que acudan a la casa de salud reciban la atención médica integral de calidad”.
En consecuencia, las organizaciones demandantes solicitaron al juez de turno declarar procedente la acción cautelar, con el fin de garantizar los derechos a la salud, a la vida digna y a la integridad personal.
Sin embargo, a las 13h00, el juez ponente resolvió no conceder la solicitud de medidas cautelares a pesar de reconocer la existencia de la grave crisis, denegando así la oportunidad a los miles de pacientes a acceder a salud pública de calidad y calidez, a medicamentos, insumos y demás condiciones básicas para el funcionamiento adecuado de un hospital de referencia a nivel nacional.
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