En la mañana de hoy, martes 27 de diciembre de 2022, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha instaló la audiencia de verificación de cumplimiento de las medidas de reparación integral en el caso de Juliana Campoverde.
En esta audiencia, participaron las cinco carteras del Estado responsables de cumplir las medidas dictadas, en 2019, en la sentencia de primera instancia que, además, determinó a Jonathan Carrillo como responsable del secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde; así como la sentencia de apelación en Corte Provincial en 2020, donde se amplió las medidas de reparación integral.
Los puntos que se analizaron fueron en torno a la búsqueda de Juliana Campoverde; el programa de recompensas; la indemnización de cien mil dólares por los daños hechos; el registro de pastores y pastoras, lideres y lideresas religiosas a nivel nacional; el retiro y prohibición del nombre de la Iglesia Oasis de Esperanza; las capacitaciones en temas de personas desaparecidas, género y derechos humanos a Policía Nacional y Fiscalía, y la placa de memoria de Juliana Campoverde.
La fiscal del caso, Mayra Soria, enfatizó en que el objetivo de la audiencia es determinar plazos fijos e individualizar las responsabilidades de cumplimiento de cada institución estatal.
Luisa Villacis, coordinadora del equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y parte de la defensa técnica de Elizabeth Rodríguez, mencionó que las medidas de reparación se han cumplido parcialmente. “Si bien se continúa con preparativos para la búsqueda de Juliana, no se ha cumplido con la reparación material y tampoco se ha informado sobre el cumplimiento de las capacitaciones a las unidades especializadas, no se ha otorgado información a la familia Campoverde del registro de líderes y pastores, no se socializó el develamiento de la placa de memoria, ni su contenido y tampoco se ha cumplido con el cierre de la Iglesia Oasis de Esperanza, ya que funciona con otro nombre”, resaltó en su intervención.
Sara Costales, jueza ponente del Tribunal, dispuso un plazo de 30 días para que las carteras del Estado puedan demostrar con documentación anexada que en efecto han cumplido con los puntos de la medida de reparación integral dispuestas en la sentencia. Una vez cumplido este plazo el Tribunal comunicará su resolución.
Competencias y responsabilidades de las instituciones del Estado
La respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior y la Secretaría de Planificación Nacional, en términos generales, ante el Tribunal, fue que cada institución ha realizado diferentes acciones encaminadas a lograr el cumplimiento total de las medidas de reparación dictadas en las sentencias. Sin embargo, existe confusión sobre las capacidades de estas carteras del Estado debido a cambios efectuados desde el Ejecutivo, procesos que han obligado a cambiar sus competencias.
Fiscalía en su réplica mencionó al Tribunal que las carteras del Estado quieren hacerle incurrir en error, puesto que, de todas las reuniones mantenidas con las instituciones estatales, se han presentado varios borradores, ya sea para el registro de pastores y organizaciones religiosas y el programa de recompensas. No obstante, el cumplimiento de las medidas de reparación no pasa de borradores, o quedan a la espera del criterio técnico jurídico e incluso se informó a los familiares que las instituciones no cuentan con el presupuesto para cumplir con las medidas de reparación dictadas en la sentencia.
Por su parte, Beatriz Rodríguez, subrogante a cargo de las capacitaciones de Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó ante el Tribunal que se han llevado a cabo 57 procesos de capacitación a Unidades especializadas, durante 2019 y 2022. Ocho de esas capacitaciones tratan temas de personas desaparecidas, 10 sobre derechos humanos y treinta y nueve capacitaciones sobre género y violencia. Rodríguez afirmó que todavía no se han cumplido en su totalidad las capacitaciones ya que están programadas hasta el año 2023.
La Iglesia del Evangelio Cuadrangular del Ecuador, por medio de su abogado representante Luis Chávez, mencionó que dentro de la sentencia no se establecen especificaciones del material de la placa, así como de su contenido, y que no recibió ningún comunicado, solicitud o especificaciones por parte de los familiares respecto a la placa. No obstante, Fiscalía en su réplica señaló al Tribunal con las certificaciones pertinentes que la iglesia no contestó a varios comunicados de los familiares y Fiscalía, que la placa no fue socializada y que incluso se la colocó a cincuenta metros del lugar dictaminado en la sentencia, por lo que es importante coordinar esta medida con las víctimas.
Frente a toda la argumentación expuesta por las carteras de Estado, Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde señaló que no existe voluntad por parte de las instituciones estatales para dar cumplimiento a los puntos de las medidas de reparación.
“Es indignante que no exista cooperación entre las mismas instituciones y que no tengan claridad de sus competencias, son 3820 días desde que desapareció Juliana y el Estado no ha hecho nada”, enfatizó la madre de Juliana.
Finalmente, sobre la placa de memoria, Rodríguez, también afirmó que no se ha cumplido a cabalidad, que su contenido no muestra quien es el culpable, ni la responsabilidad de la Iglesia Cuadrangular y enfatizó que el Tribunal disponga plazo de cumplimiento y se establezca claramente las responsabilidades de cada institución.
Contacto de prensa:
Comunicación Inredh – 099 205 8210