La naturaleza y la explotación de recursos: el neoliberalismo

La naturaleza es sujeto de derechos, según la Constitución de Montecristi. Eso quiere decir que todos los seres humanos y el estado tenemos la obligación de respetarla. El enunciado constitucional no es una declaración de principios o sólo palabras. Esto parece no entender el gobierno y muchas personas cuando firman y apoyan un contrato para la explotación minera a cielo abierto. El gobierno abiertamente está violando la Constitución.

Para entender lo que significa haber reconocido los derechos de la naturaleza, quisiera hacer algunas comparaciones históricas con el reconocimiento de derechos de seres humanos que han sido tradicionalmente irrespetados.

Hace muchísimos años, se creía que sólo tenían derechos quienes tenían poder político, es decir, quienes gobernaban y podían imponerse mediante la fuerza. Ahora a esos derechos los llamamos privilegios porque la gran mayoría de personas no los tenían. Años más tarde, reclamaron los derechos quienes tenían plata a quienes tenían la fuerza. Se juntaron, pues, los poderosos políticos y económicos. El resto seguía sin derechos. Tuvieron que pasar muchos años para reconocer los derechos a quienes no tenían poder político ni económico.

Hay dos formas en las que los tradicionalmente poderosos se relacionaron con las personas que no tenían derechos: el esclavismo y la servidumbre.

Los pueblos afrodescendientes fueron considerados cosas. El derecho que se les aplicaba era el de los bienes y el de los contratos. Las personas afrodescendientes podían ser vendidas, compradas, regaladas, prestadas, igual que cualquier otro bien. Sus dueños disponían de la persona en función de sus necesidades o caprichos. Se transfería la propiedad de los afrodescendientes de la misma manera que se compraba una casa o un terreno. Las personas afrodescendientes no tenían derechos, no podían hacer contratos, se les consideraba tan ignorantes que se tenía la certeza que no podían tener su libertad. Había que explotarles, tenían que trabajar día y noche, había que cuidarles para que puedan trabajar más y más, y había que tenerlos sometidos. Este sistema se llamó esclavismo y lo vivimos en nuestro país y en todo el mundo.

Los pueblos indígenas también fueron considerados inferiores que quienes gobernaban y tenían el poder. A diferencia de los pueblos afrodescendientes, se les aplicó el sistema que ahora se conoce como servidumbre. Si bien no eran esclavos, eran explotados de tal forma que tenían un sistema de vida parecido. Se les pagaba salarios de miseria, vivían endeudados, no podían escoger el trabajo y tenían que cumplir las órdenes de los dueños de las tierras.

Tuvo que pasar muchos años para que la conciencia de la humanidad reconozca que los afrodescendientes y los indígenas son seres humanos que merecen igual respeto que las personas que tienen poder y gobiernan. Así como los presidentes y los ministros no explotarían a sus parientes cercanos y seres queridos, porque merecen respeto, así no se les puede explotar a los indígenas y afrodescendientes. Los dos sistemas, el esclavismo y la servidumbre, están ahora considerados como graves violaciones a los derechos humanos y son prohibidos en todos los sistemas jurídicos.

En pleno Siglo XXI, la Constitución del Ecuador hace un llamado a respetar a un sujeto que está siendo sometido a tratos semejantes a los que fueron sometidos los pueblos afrodescendientes e indígenas: la naturaleza.

La naturaleza en el mundo (no en Ecuador), jurídicamente hablando, al igual que las personas afros e indígenas hace muchos años, es considerada como un bien, disponible por parte de los dueños que la han parcelado, y a la que hay que extraerla hasta la última gota de vida, de tierra fértil, de agua, de minerales, de seres vivos que abriga.

A la naturaleza se le cuantifica por lo que se l
e puede explotar. Por ejemplo, un pedazo de naturaleza podría costar 1.830 millones de dólares, como antes el esclavo costaba en función de su salud y su capacidad para el trabajo; o las tierras se vendían con los indígenas y a mayor cantidad de ellos, más cara era la tierra porque producía más. A la naturaleza se le puede abrir un hueco de 250 metros y de diámetro 1.2 kilómetros , como antes se le podía cortar las manos a los esclavos y permitirles que se desangren. A la naturaleza se le puede privar de 2.030 especies de plantas, 142 de mamíferos, 613 de aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas 2.030, como antes se podía vender un esclavo y privarle de su familia. A la naturaleza se puede arrojar 326 millones de toneladas de desechos, como antes un cadáver de esclavo era arrojado en fosas comunes.

Todo esto puede pasar cuando no se reconoce a las personas como titulares de derecho o cuando no se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Afortunadamente, esto no podría pasar en Ecuador, porque hace cuatro años ya aprobamos una Constitución que prometió que iba a protegerla. Además, el estado está vinculado por las garantías que ésta establece. Es decir, el legislativo hace leyes para promover los derechos; el ejecutivo firma contratos y hace planes nacionales de desarrollo para promover los derechos; la función judicial y la corte constitucional, mediante acciones de protección y acciones de inconstitucionalidad, corrigen al ejecutivo y al legislativo cuando violan derechos.

Pero quizá me equivoque y no esté hablando del Ecuador, cuando me entero que el legislativo, contra el mandato constitucional, ha aprobado una ley de minería que convierte al país en minero, el ejecutivo ha firmado un contrato con una empresa China sobre un proyecto denominado Mirador; que una demanda de inconstitucionalidad presentada por los indígenas fue rechazada por la corte constitucional y ha hecho que las garantías jurisdiccionales no funcionen. Quizá me equivoque cuando describí que los millones de dólares, los miles de metros de profundidad y diámetro para explotar minerales y los millones de toneladas de basura por la minería se referían precisamente al Ecuador, al país que prometió constitucionalmente respetar a la naturaleza.

El extractivismo petrolero y ahora minero no es otro cosa que la versión moderna del esclavismo a sujetos que merecen respeto. Esto duele y merece ser denunciado. Como no han funcionado las garantías normativas, de políticas públicas y jurisdiccionales, no queda otra que ejercer el derecho a la resistencia. Para nuestra suerte, los pueblos indígenas siguen enseñándonos lo que debemos hacer: protestar, marchar, defender la vida, buscar otro sistema económico, entender la Pachamama y el Sumak kawsay. Sin la voz de las indígenas, definitivamente no podremos construir el país que la Constitución de Montecristi dibujó y el estado se encuentra violándola.