Las Organizaciones y defensoras/es de Derechos Humanos expresamos nuestro firme rechazo frente a las acciones encaminadas a vulnerar la independencia y la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y exigimos al Secretario General de la OEA inmediata rectificación
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de manera claramente violatoria de los procedimientos estatutarios y reglamentarios establecidos y cumplidos por más de 20 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OEA, desconoció la resolución del pleno de la CIDH de renovar el mandato del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrāo, por cuatro años más, adoptada hace más de ocho meses, y resolvió unilateralmente no suscribir el contrato administrativo del Secretario Abrāo.
Con su accionar, el señor Almagro pretende asumir facultades que no le otorga ninguna norma estatutaria o reglamentaria y desconoce que sus actos deben orientarse a respetar y preservar los principios de autonomía e independencia de la Comisión. La CIDH, de acuerdo con su Estatuto, debe consentir en la elección, renovación y separación del Secretario Ejecutivo, por lo que Secretario General de la OEA no puede actuar al respecto de forma inconsulta y arbitraria. El interés de minar la autonomía e independencia de la CIDH no resulta nuevo, claramente, ha sido manifiesto en las medidas financieras, administrativas y de injerencia política, que se han venido realizando desde hace un tiempo.
El 9 de enero de 2020, la CIDH, como señala en su comunicado, decidió por unanimidad renovar el mandato a su Secretario Ejecutivo para el periodo 2020-2024, lo cual fue informado al Secretario General de la OEA para efectos de la suscripción del contrato correspondiente. La CIDH, de esta forma, confirmó la confianza en el Secretario Abrāo, la cual el Secretario de la OEA pretende desconocer. Cabe resaltar que la facultad de elegir, renovar y separar a sus funcionarios y funcionarias de confianza, tal como está establecido en el Reglamento de la CIDH, resulta fundamental para que la Comisión pueda llevar a cabo su mandato preservada de toda presión o injerencia.
La arbitrariedad de la actuación del Secretario General Almagro queda manifiesta cuando sus pretendidos argumentos para negar la renovación del contrato de Abrāo se basan en un informe confidencial de la Ombudsperson de la OEA y conclusiones generales sobre presuntos hechos que atentan contra derechos laborales de funcionarios y funcionarias de la Comisión, emitidos de forma sorpresiva cuatro días antes de negarse a renovar el contrato y que, por lo tanto, no han podido ser objeto de contradicción y ni de aplicación de los principios del debido proceso reconocidos en el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
La Convención no puede ser sino también obligatoria en seno de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vinculante para las actuaciones de sus funcionarios. Asimismo, sorprende que exista un informe jurídico de la OEA que interprete el Estatuto y el Reglamento de la CIDH en el sentido de que depende de la sola voluntad del Secretario General de la OEA el desconocer o no decisiones del pleno de la Comisión.
Respecto de la protección y promoción de los derechos de los funcionarios y funcionarias de la Comisión, llamamos a la CIDH a garantizar que cualquier queja o denuncia presentada por funcionarios y funcionarias, y que atente contra sus derechos, sea investigada de manera exhaustiva y sancionada conforme corresponde, garantizando el debido proceso para las partes y la transparencia que la situación requiere, en coherencia con los principios y obligaciones en los que se sustenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y particularmente la CIDH.
El cumplimiento de las normas establecidas desde hace más de 20 años garantiza que las y los funcionarios que sirven en la Comisión estén libres de presiones e injerencias por parte de los Estados y, por lo tanto, que puedan cumplir con sus funciones, en el marco de la autonomía y la independencia que requiere la promoción y protección de derechos humanos. Desconocer este desarrollo normativo, significa debilitar al sistema e instrumentalizarlo en favor de los Estados y gobiernos de turno, para ejercer mayor presión e interferir en los asuntos de la CIDH en perjuicio de las y los habitantes de la región que acudimos al sistema buscando la protección de los derechos conculcados por estos.
Asimismo, rechazamos que ante este intento de debilitar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, orquestado por el Secretario General de la OEA, los gobiernos de turno de los Estados parte pretendan impulsar candidaturas de funcionarias o funcionarios que hayan sido seriamente cuestionados y cuestionadas por sus actuaciones contrarias a los derechos humanos.
Como organizaciones de derechos humanos del Ecuador exigimos que el Estado ecuatoriano, a través de Cancillería, demande del Secretario General de la OEA, actuaciones que se orienten a fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de Derechos, y que rechace rotundamente esta inaceptable y arbitraria injerencia en su autonomía e independencia, orientada a debilitarlo e impedir que la Comisión pueda llevar a cabo su mandato de defender, supervisar y promover los derechos humanos en la región de manera independiente y autónoma.
Finalmente, repudiamos la actuación del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y le exigimos que, de forma inmediata, se conforme una Comisión al más alto nivel, a fin de promover un diálogo para salir de la actual crisis y precautelar la autonomía y la gestión exitosa que realiza la CIDH en favor de los derechos humanos en la Región.
Organizaciones que también se adhieren:
| Colectivo PRODH – Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas – Coalición Nacional Contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes (COCASEN) – Fundación Nina Warmi – Fundación Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes (Defensa NNA) – Organización de Mujeres en Resistencia “Sinchi Warmi” – Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador, Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Manabí – Nájera y Asociados Estudio Jurídico – Asociación Mujer & Mujer – Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (UDAPT) – Kuska Estudio Jurídico- Freedom Mission Abogados Asociados – Orfanización Porque la Vida Debe Vencer. |
Adhesiones personales:
| Silvana Tinajero M – Lina María Espinosa – Vivian Idrovo Mora – Gabriela Bermeo Valencia – María Cristina Almeida Montúfar Ruth Angélica Llumipanta Viscaino- Sofía Jarrín Hidalgo- Pablo Araujo Landeta – Tania Arias Manzano- Diana Vanessa Bosques Salas- Mishelle Calle Sánchez- Elizabeth Durazno- Sylvia Bonilla Bolaños– Fernado A. Muñoz-Mino- Pablo Fajardo Mendoza- Blanca Paucar- Daniel Regalado – Manuel Martinez – Daniela Balarezo- Efrain Soria. |