Manuel a puertas de una sentencia

 “Te faltan pocos días de vida, te vamos a matar”, escuchó Manuel Cornelio Trujillo Secaira, dirigente de la comunidad San Pablo de Amalí, parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, provincia Bolívar.

Desde el 16 de octubre hasta el 17 de diciembre de 2015, una voz de hombre llamaba al celular de Manuel y decía “Te faltan 30 días de vida. Te vamos a matar” “Te faltan 15 días…” “Te falta 1 día”. Esto lo asustó mucho.

El dirigente de 51 años denuncia que las llamadas, las denuncias y los juicios se deben a su lucha y defensa de la comunidad. Por eso, este lunes 25 de enero se reanudará la audiencia por el presunto delito de terrorismo organizado en contra de Manuel Trujillo y Manuela Pacheco. La diligencia se desarrollará en el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Guaranda, a las 09:00.

El 11 de diciembre del año pasado, el Tribunal notificó sobre la hora y fecha de la audiencia. Esto luego de que el juicio estará parado durante dos años. El llamamiento a audiencia dio tranquilidad al dirigente. “Quería una fecha para que todo termine. Si me voy preso, me voy tranquilo -dice Manuel- porque yo no cometí ningún delito, porque yo soy inocente”.

Desde el 30 de noviembre de 2013 hasta el 18 de enero de 2016. Manuel ha acudido todos los lunes sin excepción a la Fiscalía de Chillanes como medida alternativa a la prisión preventiva dictada el 12 de noviembre de 2012.

Manuel es acusado por los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2012, donde hubo enfrentamientos entre los habitantes de la comunidad y la Policía que resguardó el ingreso de los trabajadores de Hidrotambo S.A.

Desde hace más de 20 años, Manuel ha luchado para que se respete los derechos de su comunidad. Por eso dice que independientemente de cuál sea el veredicto del Tribunal él seguirá luchando. “Seguiremos exigiendo a la empresa que respete nuestros derechos – dice Manuel. La lucha de la comunidad parará cuando la empresa repare a las familias afectadas, pero eso es imposible nunca lo van hacer”.

42 procesos ha enfrentado este dirigente comunitario. En el 2012, la Asamblea Constituyente presidida por Alberto Acosta otorgó a Amnistía a varias comunidades entre ellas estaba Íntag, El Pangui, La Maná, San Pablo de Amalí y otras 15 casos más. Con esta resolución Manuel quedó libre de la responsabilidad penal, pues el documento señala que: “Concede amnistía general para los procesos penales enumerados en esta resolución, vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de recursos naturales, y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal”.

No obstante, pese a este reconocimiento Manuel a la fecha sigue siendo procesado.El lunes Daniel Véjar y Rosa Elena de la Torre, abogados de Manuel, presentarán los alegatos ante el Tribunal de Garantías Penales. 

Daños irreparables

Con la construcción de la hidroeléctrica en la comunidad, la empresa desvió el rió Dulcepamba que bordea a San Pablo de Amalí. En octubre de 2013, el río quedó más cercano a la comunidad. Esto generó preocupación en los habitantes que hasta ahora no son escuchados pues en diciembre del año pasado el juez negó la medida cautelar que solicitaba la construcción de un muro contención en la comunidad.

La madrugada del 20 de marzo, a lo largo del tramo desviado del río, el agua de la inundación socavó el suelo bajo las casas de las familias de Manuel Cornelio Trujillo Secaira, su hijo Edison Trujillo, y Héctor Segundo Quinatoa. Estos suelos ya estaban erosionados debido a la desviación del río. En consecuencia, sus casas junto con todas sus pertenencias fueron arrasadas por el agua.

La familia Trujillo no logró sacar ninguna de sus pertenencias personales de su casa. Solo conservaron lo que llevaban puestos al momento de la inundación. La familia Quinatoa logró sacar unas tantas cosas, pero la mayoría se perdió. También el río se llevó una gran porción de los cultivos de las dos familias. Además, Cardona Antonia Yépez y la familia Villacís López también perdieron sus cultivos y árboles nativos.

Tres personas fallecieron por está inundación: Una de ellas fue Carmen Dorila Quinatoa, una mujer de 27 años, y su hijo Mauricio Elkin Angulo de 8 años, y Glenda Elizabel Cuji Pala de 23 años.

Pese a las pérdidas humanas y materiales hasta el momento, la empresa Hidroeléctrica Hidrotambo S.A ni el Estado han construido un muro de contención para evitar futuras inundaciones.

Campaña #YoSoyManuel