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Manuela a puertas de una sentencia

Por Super User
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Mayra Caiza – comunicación INREDH

22/01/2016

Manuela a puertas de una sentencia

  


 

Manuela Pacheco cultiva su tierra y vende sus productos en el mercado.

 

No celebró Noche Buena, Navidad ni mucho menos quería que llegué el Año Nuevo. El 2016 es un año que la puede dejar sin libertad y le anuncia un final. Es la audiencia de juzgamiento por el delito de terrorismo organizado en contra de Manuela Narcisa Pacheco Zapata, una mujer de 47 años, procesada por los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2012, donde se produjeron enfrentamientos entre los habitantes de la comunidad de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, provincia Bolívar, y los miembros de la Policía que resguardaban a los trabajadores de la Hidroeléctrica Hidrotamabo S.A.

Este lunes 25 de enero de 2016 se reanudará la audiencia de juzgamiento en contra de  Manuela, en el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Guaranda, a las 09:00. Luis Vallejo y Washintong Yánez, abogados de Manuela, presentarán los alegatos.

 

“Desde que me avisaron que iba a realizarse la audiencia – dijo Manuela-, contaba los días, sentía que la cárcel se acercaba. Me preguntaba ¿Qué es lo qué hice? ¿Qué de malo? Solo porque dije que teníamos derecho al agua ahora me juzgan”.

 

A Manuela le acusan de ser responsable de agredir a cuatro a policías y destruir una patrulla. Ese día 14 de agosto, la Policía ingresó custodiando al personal de la hidroeléctrica Hidrotambo que quería construir la represa José Tambo.  La comunidad se negó, pues no se había realizado la consulta.

 

Este derecho la comunidad lo exige desde el 2005 cuando comenzaron los intentos para construir la hidroeléctrica. En el 2006, en la campaña electoral Rafael Correa, candidato a la presidencia, dijo : “Estamos con los agricultores y los más pobres. No con los empresarios (…) primero el agua no se privatizará, el agua es un recurso común (…) Los que tienen que aprobar esos proyectos son ustedes: las comunidad porque son ustedes las que tienen el derecho ancestral sobre sus tierras y el medio ambiente. Si ustedes dicen: “No se construye el proyecto hidroeléctrico Hidrotambo”,  no se construirá”.  El año anterior, la empresa concluyó la construcción de la hidroeléctrica y se prevé que este año entre en funcionamiento. Esto sin haber obtenido  el consentimiento de los comuneros afectados.

 

La comunidad ha denunciado desde el 2012  el ingreso ilegal de maquinaria de la empresa a sus propiedades. Además, denunció que los policías entraron a la comunidad destruyendo varios campos de cultivo. El 11 de junio de 2012, “Carmen Elisa G. se interpone entre la maquinaria y sus cultivos con el fin de impedir que desplomen su vivienda. El pueblo se levanta en solidaridad y la policía respondió con agresiones verbales y físicas. Varias personas resultaron heridas”.

 

Por las agresiones sufridas, Manuela junto a su compadre Manuel Trujillo, dirigente de la comunica de San Pablo de Amalí,  denuncian las agresiones policiales ante la Inspectoría General de la Policía Nacional y responsabilizan al Mayor Roosevelt Vinició Alban Moreta, de estos hechos.

 

El 14 de agosto de ese año,  en respuesta a las denuncias presentada por los dirigentes de la comunidad. La Comandancia de Policía organizó una comisión para investigar los hechos. El Mayor Albán Moreta junto con trabajadores de la empresa y varias personas, presuntamente contratadas, ingresan a la comunidad y provocan a los pobladores con agresiones verbales y físicas.

 

La comisión no ingresa a la zona solo se dispone a hablar con trabajadores de la empresa, a pesar de que una asamblea se había conformado en el pueblo para recibirlos. Las personas que asistieron a la asamblea fueron agredidas por el grupo del Mayor Albán Moreta.

 

Tras de esto,  el Mayor Albán mediante un Parte Policial de ese día denuncia agresiones a cuatro policías y la ‘destrucción de un vehículo policial’ e identifica a varias pobladores como los agresores, principalmente a Manuel Trujillo y Manuela Pacheco.

 

Desde que empezó el juicio en el año 2012, Manuela ha perdido la paz y la tranquilidad. “El mundo se me vino encima -dijo Manuela-. De un día al para otro, todo cambio”.

 

Cada lunes durante 2 años y 5 meses, Manuela se presenta en la Fiscalía de Chillanes, como medida alternativa a la prisión preventiva que le dictaron el 12 de noviembre del 2012.

 

Daños irreparables

 

Con la construcción de la hidroeléctrica en la comunidad, la empresa desvió el rió Dulcepamba que bordea a San Pablo de Amalí. En octubre de 2013, el río quedó más cercano a la comunidad. Esto generó preocupación en los habitantes que hasta ahora no son escuchados pues en diciembre del año pasado el juez negó la medida cautelar que solicitaba la construcción de un muro contención en la comunidad.

 

En marzo de 2015, el río creció y se desbordó llevándose tres vidas humanas, 33 sembríos y 12 casas. Dos cuadras sembradas de plátanos, naranjas y otros cultivos se fueron en el caudal. Solo le quedaron enormes piedras y palos en su tierra, recuerda Manuela.

 

“El  19 y  20 de marzo de 2015 fueron días muy tristes -dice Manuela. Las personas, las casas y los árboles  se iban en el río”.

 

Una de ellas fue Carmen Dorila Quinatoa, una mujer de 27 años, y su hijo Mauricio Elkin Angulo  de 8 años. Los dos  asustados por la magnitud de la lluvia y el sonido del río a la madrugada del 20 de marzo intentaron escapar de su casa y cruzar a tierra firme. “Querían escapar hacia tierra más alta, pero en ese momento bajaron olas, mientras se aflojaba el bloqueo en el río aguas arriba, vino una ola y se los llevó”.  El río arrasó la mayoría de su vivienda, pero no  destruyó  una parte del baño y una pared de la casa, en ese lugar justamente  estaba el otro hijo de Carmen Dorila, el niño de 6 años,  Jofre Raúl Albuja que se salvó.  También lo hizo José Vicente Albuja, pareja de Carmen,  estaba fuera de la provincia.

 

Otras de las personas que fallecieron es  Glenda Elizabel Cuji Pala de 23 años. Ella intentó cruzar un espacio inundado, con su esposo Manuel Guapi Albuja, hacía tierra más alta utilizando una cuerda. Su esposo logró pasar, pero Glenda no. Cuando  estaba cruzando el río vino una ola resultante del aflojamiento del bloqueo  de  aguas y se la llevó.

 

Manuela dice que hasta ahora no se hace justicia por las tres personas que fallecieron por culpa del desvío del río.  No obstante, la empresa sigue en la zona. La comunidad exige la construcción del muro de hormigón para evitar que con la llegada del fenómeno de El Niño el río crezca y se desborde una vez más.

 

Los atropellos vividos por la empresa y la policía han sido denunciados por Manuela y Manuel Trujillo. Por ello, ahora la lideresa de 47 años enfrenta un nuevo juicio. Esto pese a que en el año 2012, la Asamblea Nacional  otorgó Amnistía a los defensores de la naturaleza.

 

En la resolución de la Asamblea Constituyente se otorga Amnistía a los dirigentes, defensores y defensores de la naturaleza y derechos humanos de 19 casos. Entre ellos, a la comunidad de San Pablo de Amalí. El documento lo firma Alberto Acosta, presidente de la Asamblea. 

 

Campaña #YoSoyManuela

 



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