Este 13 de noviembre de 2018, a las 15: 00, en la sala de prensa del Consejo de la Judicatura (12 de Octubre n24 -563 y Francisco Salazar) se escuchará los testimonios de los familiares de las autoridades indígenas de Cañar que son procesados por por ejercer y administrar justicia indígena.
Esto se da en el marco de las audiencias públicas de la Mesas por la Verdad y Justicia, Perseguidos Políticos Nunca Más del Conejo Judicatura que tiene por objetivo conocer directamente las versiones de las víctimas de persecución política y criminalización en la década comprendida entre el 2007- 2017, durante el mandato del expresidente Rafael Correa.
Al momento, 23 autoridades indígenas en San Pedro de Cañar han sido procesadas por resolver casos de: cuatrerismos, coyoterismo, pandillas juveniles, problemas de tierras en el territorio cañarí, entre otros, mediante la aplicación de la justicia indígena reconocida en la Constitución, sin embargo estas personas fueron procesadas bajo el delito de secuestro, secuestro extorsivo y complicidad de secuestro. Once de ellas ahora se encuentran privados de la libertad en los Centros de Rehabilitación Social, tanto en las provincias de Cañar y Azuay por ejercer y administrar justicia indígena.
La mesa integrada por un representante de la Comisión de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y la Naturaleza, Comisión del 30s, Comisión de Libertad de Expresión y la Comisión de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. La Mesa por la Verdad escuchará a Luis Sarmiento, Sergio Romero, Luis Tenelema, Jessica Sarmiento, Victoriano Sarmiento, Rosario Sarmiento y Gloria Sarmiento, familiares de las autoridades indígenas.
Además, asistirán a las entrevistas públicas, el abogado Atik Kurikamak, y Nelson Atupaña, asesor legal la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Para Evelyn Calvopiña, coordinadora del área de Fortalecimiento de Inredh, esta mesa de trabajo es importante para visibilizar los vicios procesales, la persecución y hostigamiento a las jueces indígenas de Cañar.
Dato:
El Consejo de la Judicatura fue quien emprendió esta propuesta a través de su vocal Amparo Porras, con el fin de presentar un informe público de las mesas para poder evaluar el accionar de los operadores de justicia.