Miembros de la comunidad de San Pablo de Amalí fueron recibidos en la Corte Constitucional

Este lunes,  17 de febrero del 2020, cerca de las 10 de la mañana, los habitantes de la comunidad de San Pablo de Amalí organizaron un plantón frente a la Corte Constitucional en la ciudad de Quito para exigir celeridad en el caso de vulneración de derechos.  

Los representantes de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) ingresaron un escrito en la Corte Constitucional solicitando premura en la convocatoria de la audiencia pública y  presentaron nuevas pruebas que demostrarían que la Hidroeléctrica  Hidrotambo S.A. ha violado los derechos humanos de los habitantes de San Pablo. Además de violar los derechos de la naturaleza al infringir normativa ambiental. Así lo aseguró David Tapia, delegado de la Defensoría del Pueblo.
Minutos después, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco; luchadores históricos de la comunidad, junto a miembros de San Pablo y delegados de la Defensoría del Pueblo y Cedhu se reunieron con un asesor del juez Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional. El funcionario público escuchó las historias de vida de la comitiva de San Pablo de Amalí y su preocupación por el desvío del río Dulcepamba ocasionado por la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A, lo cual pone en riesgo su vida, vivienda y circulación durante el invierno, ya que hay miedo de que el río Dulcepamba se desborde de nuevo, como sucedió en 2015, cuando cobró la vida de tres personas y destruyó varias casas de la comunidad.
El asesor manifestó que la Corte Constitucional está abierto para la comunidad y que se investigará el caso a fondo, mientras que la comunidad informó que la Corte ha recibido más de 21 informes de otras instituciones estatales como Senagua, Ministerio del Ambiente, Gestión de Riesgos entre otros,   que demuestran que existe prácticas de negligencia por parte de la empresa Hidrotambo S.A. y la construcción del proyecto hidroeléctrico San José del Tambo; así lo aseguró Rachel Conrad, parte de la comitiva de San Pablo de Amalí que ingresó a esta entidad.
El plantón fue acompañado por la Defensoría del Pueblo, el Centro Ecuménico de Derechos Humanos (CEDHU), Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
Tanto para la comunidad como para las organizaciones que hemos acompañado estos procesos, es importante que se encuentre en conocimiento de la Corte Constitucional. El caso ha sido seleccionado para el proceso de Selección y Revisión de sentencias de este organismo, lo que quiere decir, que la sentencia a emitirse tendrá efectos de carácter general y vinculante, es decir, que sus efectos no solo serán para San Pablo y su relación con Hidrotambo S.A., sino para otros casos análogos. La Corte selecciona y revisa los casos cuando es un asunto grave, no hay precedentes judiciales o es de carácter relevante a nivel nacional.
En este caso en particular, además, podría desarrollar estándares sobre el derecho al agua, al libre ambiente sano, a la vida digna e incluso, con respecto a las responsabilidades estatales cuando se relacionen a empresas que se traten con recursos naturales no renovables. De aquí la necesidad de una respuesta célere y efectiva de estos procesos por parte de la Corte Constitucional.