¿Mujeres embarazadas a prisión? El Estado ecuatoriano incumple Acuerdo Amistoso ante la CIdH

Introducción

El presidente Rafael Correa, en el enlace Sabatino del 29 de septiembre del 2012, dio declaraciones sobre el supuesto “aumento de mujeres embarazadas en la delincuencia” provocando con ello una ola de condena social especialmente en los medios de comunicación.

Los espacios de crónica roja se llenaron de imágenes de “embarazadas ladronas” “embarazadas en bandas de delincuentes y narcotráfico” incluso hubo “expertos” que hablaban de la necesidad de colocar en el Código penal al embarazado “como un agravante del delito”.  Cualquier idea descabellada se justifica con el discurso dominante de la inseguridad en el que coinciden armoniosamente el gobierno y los medios de comunicación privados.

–    Declaraciones del Presidente sobre mujeres embarazadas a prisión

Las declaraciones del presidente Rafael contradicen el Acuerdo Amistoso logrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  el año 2008 y publicado en el registro oficial en el 2009 entre El Estado ecuatoriano y Karina Montenegro y otras, por la violación de derechos de mujeres embarazadas y personas de la tercera edad privadas de la libertad en las cárceles del Ecuador.

–    Acuerdo Amistoso publicado en el Registro Oficial N.- 635 año 2009

Para mirar el nivel de cumplimiento de los puntos del Acuerdo Amistoso, este 2 de noviembre la CIDH recibió a delegados quienes brindaron información sobre el caso. Lastimosamente la información no es favorable. 
La situación carcelaria de las mujeres evidencia que el acuerdo no se ha cumplido. Sólo en el Centro d
e Rehabilitación de Quito se contabilizan 8 mujeres embarazadas actualmente en prisión.

Esta situación empeora por las declaraciones del Presidente Correa que representan un claro retroceso a los acuerdos llegados y a la necesidad de distinciones legales que permitan la mayor protección a grupos vulnerables como son los niños, niñas, personas adultas mayores y mujeres embarazadas. 
El presidente hace caso omiso de la responsabilidad asumida por el Estado ecuatoriano en este caso al proponer la reformulación de las normas legales.
El Estado debe reconocer las particularidades especiales de la población carcelaria. Esto de ninguna manera constituye una razón que promueva la impunidad o de la delincuencia. 

–    Historia de Karina Montenegro mujeres embarazada en la CIDH

–    Comunicado del Comité de Personas Privadas de la Libertad

La historia

El 5 de julio del 2002, Tania fue detenida ilegalmente por la policía nacional. Cuando la arrestaron se encontraba en el quinto mes de embarazo. Fue acusada de tenencia de drogas y el juez ordenó la prisión preventiva. Tania fue enviada al Centro de Rehabilitación Femenino de Quito a pesar de que la ley ordena el arresto domiciliario para mujeres embarazadas. Durante años el arresto domiciliario ha estado escrito en el papel sin que fuese cumplido por las autoridades. 
Al igual que Tania, 3 mujeres más vivían la misma situación: Nancy, Leonor y Karina; las cuatro acusadas por delitos relacionados con las drogas, las cuatro estaban embarazadas cuando fueron encarceladas y las cuatro dieron a luz en la cárcel.
En Ecuador, el 75% de la población carcelaria está detenida por delitos relacionados con drogas. La política regional impuesta por Estados Unidos en la llamada lucha contra las drogas influye en la legislación, la aplicación de penas, y el trato denigrante al que son sometidas las mujeres llamadas “mulas” del narcotráfico.
Las leyes ecuatorianas también ordenan que una persona de la tercera edad pueda cumplir arresto domiciliario, pero esto tampoco se cumple. Es el caso de Martha Cecilia, abuela de 78 años, quien fue detenida por tenencia de estupefacientes, fue encarcelada y se le negó el arresto domiciliario a pesar de que evidenciaba rasgos de deterioro en su salud. 

Mujeres embarazadas ante la CIDH

En el año 2002 INREDH asumió la defensa legal y el acompañamiento psico-social de estas 4 mujeres embarazadas y de Martha mujer de la tercera edad detenidas en centros penitenciarios. 
La detención en centros penitenciarios de mujeres embarazadas es una violación a los derechos consagrados en la Constitución, además que viola el Código Penal y el  Código de Procedimiento Penal y al Código de la Niñez y Adolescencia
Una vez agotadas todas las instancias nacionales, se acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión admitió el caso y, el 30 de Julio del 2007,  invitó al Estado Ecuatoriano y a las mujeres afectadas a resolver el caso de una manera amistosa, lo que se logró cuando algunas de las mujeres ya estaban libres y otras seguían cumpliendo su condena con sus hijos e hijas nacidos en prisión.

El Estado Ecuatoriano indemnizó a las mujeres y a los niños nacidos en prisión. Esta indemnización permitió que Tania construya su casa y prevea un fondo para la educación de su hija; Nancy compró un terreno y montó un taller de mecánica junto a sus hijos; Leonor invirtió en la compra de una finca y Karina también construyó su propia casa y creó un fondo para la educación de sus hijos; mejorando así su calidad de vida. Por su parte, Martha Cecilia realizó una inversión financiera que le permite vivir de los intereses que produce, garantizando así una vejez saludable.

Con este caso se logró que las mujeres embarazadas puedan cumplir el arresto domiciliario y que las mujeres de la tercera edad cumplan sus condenas en Casas Prisión. El Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad y se comprometió a capacitar a la policía, operadores de justicia y personal de los centros penitenciarios para que se cumplan con la ley.