La oficina de ONU Derechos Humanos en América del Sur se reunió con personas defensoras de la cuenca del río Dulcepamba, quienes llevan exigiendo justicia alrededor de 18 años por las diversas violaciones a los derechos humanos que surgieron a partir de la presencia de la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. en el río Dulcepamba afectando a todas las comunidades aledañas.
ONU Derechos Humanos en América del Sur señala que el objetivo de la reunión, desarrollada el 5 de octubre de manera virtual, fue recabar nuevos antecedentes sobre el trabajo en defensa del medio ambiente y del derecho al agua en la zona. Es por ello que, durante la reunión de trabajo, las y los defensores de la cuenca del río Dulcepamba informaron que siguen exigiendo al Estado ecuatoriano garantizar su derecho de acceso al agua, así como el respeto y protección de los derechos del río, en el contexto de las actividades de la empresa Hidrotambo S.A.
Esto debido a que la hidroeléctrica seguiría incumpliendo la resolución del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) que establece obligaciones para el uso del recurso hídrico por parte de la empresa. Además, los defensores señalaron que Hidrotambo S.A. continúa impulsando acciones contra las solicitudes de uso de agua de personas campesinas.
En este sentido la Oficina recordó los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, y subrayó que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos cometidas en su jurisdicción, así como tomar medidas apropiadas para garantizar que las víctimas puedan acceder a mecanismos eficaces para el respeto y protección de sus derechos humanos.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo emitió en septiembre del 2022 una alerta que exhorta al respeto de los derechos de los y las defensoras de la cuenca del río Dulcepamaba, ya que son objeto de hostigamiento, persecución y amenazas que tienen como fin intimidar y desprestigiar su labor ante la sociedad.
La Defensoría del Pueblo pone en conocimiento que existen campañas con productos comunicacionales que incluyen videos, entrevistas, denuncias, entre otras actividades que buscan desprestigiar el trabajo de Elizabeth C., Emily C., Manuel T. y Darwin P. Argumentos suficientes para que esta cartera del Estado levante una alerta, ya que recalcan que si estas actividades continúan pueden desembocar en un atentando contra la integridad personal de las personas mencionadas.