ONU Mujeres conocerá casos de mujeres víctimas de violencia en las Fuerzas Armadas, en centros de rehabilitación social y de mujeres desaparecidas en Ecuador

ONU Mujeres, que promueve la igualdad de género, el empoderamiento y vigilancia del cumplimento de derechos de las mujeres a nivel internacional, promueve una campaña para visibilizar violaciones a los derechos humanos que afecten la condición de las mujeres en cualquier país del mundo.
La convocatoria fue lanzada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de ONU Mujeres hasta este 1 de agosto de 2022 y  tiene como objetivo formular y elaborar políticas de estrategias que promuevan la igualdad de género, a través de la recepción de comunicaciones, que pueden ser quejas, llamamientos o peticiones.
En este marco, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), a través de su estatus especial de ECOSOC, en conjunto con la Asociación de Familiares y amigos de personas desaparecidas en Ecuador (Asfadec), la Alianza contra las Prisiones y la Clínica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Universidad San Francisco de Quito enviaron información sobre vulneraciones de derechos a mujeres dentro de las Fuerzas Armadas; la falta de debida diligencia investigativa y estereotipos en el proceso judicial en casos de mujeres desaparecidas y sobre la falta de implementación normativa y de gestión penitenciaria con enfoque de género para mujeres privadas de libertad.
“Se envió información de cuatro casos, en total. Si bien, estos no son los únicos casos en el país relacionados a estas problemáticas, consideramos que al visibilizar estas violaciones en concreto retratamos una práctica sistemática del Estado, dentro de un tipo de violencia estructural y diferenciada ante las mujeres y familiares de las víctimas”, explicó Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh.
Uno de estos casos es el de la subteniente de inteligencia militar del Ejército ecuatoriano, María José Morillo. Ella falleció en 2021, bajo circunstancias todavía no esclarecidas por la institución a su cargo, mientras realizaba un curso de ascenso para el grado de teniente en la Escuela Selva, del Curso “Tigres“, ubicada en la provincia de Napo. 
De acuerdo con las declaraciones de su madre, desde que ella ingresó a este curso se vio sometida a una situación de vulnerabilidad y discriminación a raíz de su condición de mujer y de madre, dentro de las Fuerzas Armadas.
Para Bolaños, la situación de las mujeres dentro de los espacios de formación de instituciones públicas es un tema tabú en el país, por lo cual se ha evidenciado la falta de garantía y cumplimiento de los protocolos adecuados para salvaguardar su integridad física, además -comenta- que en esta comunicación tambíen se ha resaltado la existencia de formación y metodología castrense que refuerzan los roles de poder y la discriminación sistematica por razones de género. “Esto se evidencia en el caso de María José, que desde 2021 no haya mayores avances”, recalca la jurista.
La discriminación y violencia normalizada dentro de las líneas de las Fuerzas Armadas del Ecuador también se reflejó en el caso de Diva Bravo. Ella fue víctima de abuso psicológico por parte de sus superiores y compañeros, quienes la amenazaban con sacarla de las filas militares de forma constante, incluso fue violentada bajo su condición de madre soltera en esa época.
Por otra parte, el documento también muestra la falta de debida diligencia investigativa y los estereotipos que se replican en el proceso judicial en casos de mujeres desaparecidas, a partir de los hechos de la desaparición de Luzmila Ramírez, en Machala, Quevedo, hace seis años. Cuando su familia la reportó como desaparecida, los operadores de justicia afirmaron que la joven se fue de su casa por motivos sentimentales con su supuesta pareja, llegando incluso a incluir a sus familiares como sospechosos de la desaparición de Luzmila, por “facilitar” su viaje y “permitir”, que se encuentre dentro de una moralidad cuestionable. 
«En este caso se exponen dos problemáticas, la falta de debida diligencia investigativa y el manejo de estereotipos en la actividad investigativa de Fiscalía y DINASED, enfocado especialmente a casos de mujeres desaparecidas, cuyas cifras comprenden el 55,6% de casos investigados que involucran a mujeres, por lo que es imperante la visibilización de estas cuestiones, puesto que el fin último sería implementar los compromisos internacionales suscritos en la Convención sobre Eliminación de toda Discriminación contra la Mujer», adiciona Bolaños.
Además, se dio a conocer a este organismo internacional la falta de implementación normativa y de gestión penitenciaria con enfoque de género para mujeres privadas de libertad en la Casa de Confianza de Chillogallo, ubicada en la ciudad de Quito. La Alianza contra las Prisiones ha remarcado que en este espacio existen varias problemáticas, como el hacinamiento, falta de medidas y vínculos familiares para niños, niñas y mujeres embarazadas, inexistencia de mecanismos concretos para acceso a la salud, y vida digna de las mujeres y niños y niñas que se encuentran en este centro de privación de libertad. 
Como antecedente se presentó una medida cautelar en abril de 2020, en el contexto de la pandemia exponiendo un recrudecimiento de la situación carcelaria en la Casa de confianza de Chillogallo, sin embargo, hasta la actualidad estas problemáticas reportadas, no han tenido la prioridad suficiente del Estado, a pesar de la existencia de una Política Pública penitenciaria con vigencia de 2022 hasta 2025.
La información que expone estas problemáticas se enviará a través del Secretario General a los gobiernos en cuestión, y se les pedirá a estos que envíen respuestas. Según el procedimiento que maneja ONU Mujeres se dará una fecha límite de 12 semanas. 
Desde Inredh y las demás organizaciones que suscribimos este escrito esperamos que estos casos sean tomados en cuenta por el organismo internacional, como elemento para generar política pública, normativa y adecuada investigación en casos de mujeres desaparecidas y adecuada gestión penitenciaria para mujeres privadas de libertad. Todo esto con el objetivo de que la investigación y judicialización avance, los casos no queden en la impunidad y se pueda implementar la garantía de derechos fundamentales y la vida digna a las mujeres.
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