Mediante un comunicado, la Articulación nacional de comunidades y territorios afectados por la minería (Caminantes) y las organizaciones que acompañan los procesos de resistencia expresaron su profunda preocupación por los hechos ocurridos la noche y madrugada del 8 y 9 de mayo, respectivamente, en la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca, provincia del Azuay.
Desde sus primeras fases, el proyecto minero Río Blanco, cuya ejecución está a cargo de la empresa Ecuagoldmining (establecida por la china Junefield Resources S.A.), generó el rechazo de las comunidades campesinas e indígenas por la destrucción del páramo, la contaminación de los suelos y el agua que amenazan a la salud y sus vidas, señala el comunicado.
Además, denuncian que el Estado no garantizó los derechos colectivos ni la consulta previa, libre en informada que se debe realizar cuando se va ejecutar un proyecto extractivista. Por lo cual, exigen al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, al gobernador del Azuay, Javier Enderica, y a todas las autoridades estatales que detenga la represión y eviten el abuso de la fuerza pública en contra de los pobladores.
También solicitan que se garantice la cobertura de medios, se atienda de forma oportuna a los heridos y se libere a las personas detenidas quienes deben ser reconocidas como defensores de la tierra, el agua y el territorio, en lugar de criminalizarlas.
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