El Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) entregaron hoy, 19 de febrero de 2019, a las 9:30 de la mañana, una carta pública expresando su preocupación por la decisión de suprimir tres de las siete Fiscalías habilitadas dentro de la Comisión de la Verdad.
La misiva firmada por 108 académicas/os y víctimas; y por 16 organizaciones de derechos humanos fue dirigida a Ruth Palacios, fiscal general del Estado, con el objetivo de conocer cuáles fueron los criterios técnicos considerados para suprimir la fiscalías.
Las organizaciones de derechos humanos afirman en el escrito que el país enfrenta un problema estructural en relación al cometimiento de graves violaciones de derechos humanos, derivado en la conjunción de impunidad, corrupción y violencia. También explica que el extenso trabajo de la Comisión de la Verdad, será desaprovechado, y no se permitirá la judicialización de los casos, lo cual acabará con la lucha histórica de comités de familiares y víctimas de delitos de graves violaciones.
Para Mónica Vera, presidenta de INREDH, la decisión de Fiscalía General del Estado muestra la poca o nula voluntad política del gobierno ecuatoriano en continuar con las investigaciones de los casos de graves violaciones de derechos humanos, ocurridos tanto en el gobierno de León Febres Cordero, Rodrigo Borja, como en los gobiernos posteriores que han cometidos atrocidades.
Vera señaló que si bien la decisión se tomó por falta de presupuesto, no es la medida más factible, ya que el eliminar estas tres fiscalías generará una dilatación de los procesos en su fase de investigación, eventualmente estos no podrán ser judicializados, “Exhortamos a Fiscalía General del Estado que se restituya a los fiscales y se de todas las facilidades para lograr determinar a los responsables y reparar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.”
En la carta se le recuerda al Estado ecuatoriano que tiene una obligación con la sociedad, reflejado en las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal de Ecuador sucedido en 2017, una de las recomendaciones al Estado es brindar las medidas necesarias para agilizar las investigaciones judiciales, relativas a los casos de violaciones de derechos humanos especialmente aquellas detalladas en el Informe de la “Comisión de la Verdad”.
Por otra parte la Fiscal General Ruth Palacios en un tweet publicado el 18 de febrero expresó que deja sin efecto la disposición de cambio de fiscales de la Comisión de la Verdad.[1] Dicho lo cual Clara Merino del Comité de Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos, respondió “Aplaudimos la decisión de la fiscal pero quedamos a la espera y vigilantes de recibir una respuesta más formal a esta nueva disposición.” Merino aprovecho también para celebrar el esfuerzo de organizaciones de derechos humanos y comités de victimas hayan logrado revertir esta decisión errada, que como consecuencia alargaría por muchos años más la búsqueda de verdad, justicia y reparación de los casos que lleva la Comisión de la Verdad.
Dato:
Entre los firmantes están el Comité de Comandos de Taura, María Fernanda Restrepo, Víctimas de los barcos hundidos en Manta, Víctimas de la Ex-Cooperativa 10 de Enero, Alexandra Córdova, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Centro de Derechos Humanos de la PUCE, entre otras.
Documentos entregados a Fiscalía General del Estado
Carta Abierta
Comité de Comandos de Taura
Firmas víctimas de Manta
Firmas Fuerzas del Mar
[1] https://bit.ly/2X9DyHr