En la mañana de hoy, viernes 11 de junio del 2021, a las 8:30, se instaló la audiencia oral a fin de verificar el cumplimiento de la sentencia, emitida el pasado 13 de agosto de 2020, por parte del Tribunal de Garantías Penales del Cantón Sucre, en la cual declaró la vulneración de los derechos al agua, a la salud, alimentación, a la igualdad y no discriminación, a la vida digna y a la integridad de la población de la urbanización Canoa-Miduvi por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Vicente y de la Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP).
En la audiencia de modalidad mixta, presencial y en línea, participaron los abogados de las partes accionadas, Procuraduría del Estado, Luis Ayala presidente de la urbanización Canoa-Miduvi y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos Inredh. María Kuffó presidenta del tribunal escuchó primero a los accionantes, en consecuencia, Pamela Chiriboga abogada de Inredh mencionó que, si bien se está cumpliendo con la sentencia, esta no se lo lleva a cabo de manera adecuada. Resaltó que los 8 tanqueros que llegaron inicialmente no entregaban el agua por completo y que, en algunas ocasiones, si los moradores no llegaban a tiempo no se les entregaba el agua. Esto evidencia una falencias e irregularidades en el cumplimiento de la sentencia en la entrega del líquido vital.
A su vez, la abogada Luisa Villacís de la Fundación Inredh mencionó que tampoco se ha cumplido ni las brigadas de salud pública ni las campañas de socialización establecidas en la sentencia y en el acuerdo de cumplimiento. Seguidamente Luis Ayala, corroboró las palabras de las abogadas y agregó que les resulta imposible instalar medidores de agua debido a que se les pide ciertos requisitos, como las escrituras de la propiedad, estas escrituras públicas nunca fueron entregadas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ni se han prestado las facilidades para que los moradores puedan obtener dichos documentos.
En la réplica, la defensa de la Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP) afirmó que se ha cumplido con la dotación de agua, además señaló que se inició un proyecto de reubicación de tuberías, en el cual se ubicará una línea de distribución de 63 metros cúbicos para hacer el viaje del servicio de agua, será una línea de alimentación y no conducción para evitar perder presión y llegar a Canoa. Dicho lo cual también establecieron una sectorización de la distribución de agua.
Los abogados accionados del GAD Municipal de San Vicente y EMMAP – EP aseguraron que con esta acción se sobreentendía que están llegando con más agua a la población de Canoa, más de lo que se estableció en la sentencia. Además, enfatizaron sobre el hecho que la población necesita legalizar el servicio, se necesita implementar los medidores de agua con el fin de que la EMMAP – EP y el Gad Municipal de San Vicente obtengan una retribución para poder invertir en la infraestructura necesaria para poder llevar el agua a la población de Canoa.
Posteriormente, en la misma audiencia se instaló una mesa de negociación con la participación de Procuraduría del Estado, la Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP), el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Vicente, Luis Ayala presidente de Canoa-Miduvi y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH. Esta mesa de trabajo llegó a los siguientes acuerdos:
- Se dotará de 100 metros cúbicos de agua los días jueves (de 17h00 a 18h00) y domingos de (8h00 a 9h00) divididos en 50 metros cúbicos por día.
- Se realizará una socialización, el día jueves 17 de junio a las 15h00, para informar a los moradores sobre la instalación de medidores de agua, costos, materiales, herramientas y requisitos necesarios, se hablarán sobre sanciones en caso de rechazar la instalación de medidor. Además, se otorga a partir de esta reunión un plazo de dos meses para que los moradores de Canoa-Miduvi puedan costear el medidor e instalarlo, el servicio de agua potable será cortado a las personas que no obtengan el medidor. En esta reunión se exigió la presencia de la Defensoría del Pueblo.
- En los dos próximos meses se realizará otra socialización acerca de políticas públicas, el estado del proyecto de las tuberías y dotación de agua, y finalmente los derechos de la población de Canoa-Miduvi.
- Inredh se comprometió a gestionar una reunión con el Ministerio de Salud, la población de Canoa-Miduvi, Gad Municipal de San Vicente y la Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP) para gestionar que se efectúe las brigadas de salud estipulados en la sentencia.
Tras la resolución de estos acuerdos, se notificó a las y los jueces que integran el Tribunal de Garantías Penales del Cantón Sucre, quienes ratificaron los acuerdos e indicaron que a lo largo de la tarde notificarán el nuevo acuerdo de cumplimiento por escrito y darán seguimiento para su cumplimiento.