La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, expresa su firme rechazo a la criminalización y denuncia la persecución política del colectivo Yasunidos, manifestando su profunda preocupación por el fallo emitido el 7 de abril de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral, mediante el cual se impusieron multas de 9.000 dólares a dos de sus integrantes por supuestas omisiones en la rendición de cuentas de la campaña de la consulta popular del Yasuní-ITT de 2023. sanciones que resultan desproporcionadas al sustentarse en una diferencia contable de apenas 0,39 centavos de dólar.
Yasunidos es el colectivo ciudadano que durante más de una década sostuvo la lucha por proteger uno de los territorios más biodiversos del planeta, y que logró que el pueblo ecuatoriano se pronunciara democráticamente a favor de mantener el petróleo bajo tierra. Sancionar a quienes impulsaron ese proceso, con una multa desproporcionada, aplicando normas diseñadas para organizaciones políticas a un colectivo ciudadano, es una señal de alarma para toda la sociedad.
INREDH ha participado como veedor de derechos humanos en el proceso conocido por el TCE y considera que el fallo carece de una debida motivación fáctica y jurídica. Asimismo, sostiene que la sanción impuesta no responde a una causal electoral legítima, sino que configura un acto de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, las multas impuestas no solo han sido indebidamente aplicadas, sino que además resultan desproporcionadas y carentes de sustento.
Este fallo establece un precedente gravísimo: organizarse, participar y defender derechos puede tener un costo económico y político que pocas organizaciones pueden asumir. Esto es una forma de disciplinar a quienes incomodan al poder.
La situación se agrava en un contexto en el que el Estado ecuatoriano sigue incumpliendo la decisión adoptada en las urnas en 2023, y en el que se ha documentado un patrón sistemático de uso del aparato institucional contra organizaciones sociales, afroecuatorianas, indígenas y personas defensoras de derechos humanos. El caso de Yasunidos es parte de ese patrón.
INREDH exige que el Estado ecuatoriano garantice el derecho a la participación ciudadana, respete el mandato democrático expresado en la consulta popular y ponga fin a las acciones de persecución contra colectivos y organizaciones que ejercen su legítimo derecho a defender los derechos de la naturaleza y de las comunidades. Asimismo, acompaña y respalda la decisión de Yasunidos de impugnar esta sentencia ante la Corte Constitucional.