Este jueves 27 de junio de 2025 a las 14h30 se realizó una audiencia de estrados en la que se ratificó la violación de derechos constitucionales al pueblo afroecuatoriano en el Censo 2022. El 24% desapareció de los datos estadísticos del 8vo Censo de Población, 7mo de Vivienda y 1ro de comunidades 2022. Se presentaron por parte de las accionantes varios informes de Contraloría General del Estado y el informe final de la Asamblea Nacional en la que respaldaron los argumentos de la violación de derechos constitucionales.
El juez Dr. Santiago Galarza Rodríguez aclaró que la audiencia tenía un carácter exclusivamente expositivo, en la cual no se tomaría una decisión inmediata, sino que su propósito principal era escuchar y recoger las alegaciones orales de las partes involucradas, a fin de que el tribunal pudiera contar con todos los elementos antes de emitir un fallo.
Las abogadas Diana León y Alodia Borja comparecieron en calidad de defensa técnica de las accionantes, Irma Bautista y Sonia Viveros, quienes han planteado preocupaciones por el etnocidio estadístico de la población afrodescendiente en los resultados del censo de 2022.
Desde la Fundación INREDH intervino la abogada Diana León, quien sostuvo que los informes emitidos por la Contraloría General del Estado y la Asamblea Nacional respaldan las alegaciones fácticas ya demostradas en primera instancia. Tras exponer los fundamentos técnicos del caso, invocó el principio iura novit curia, solicitando al juez una revisión exhaustiva de todos los hechos y argumentos jurídicos, en vista de que estos continúan afectando el pleno ejercicio de los derechos constitucionales colectivos del pueblo afroecuatoriano.
En el mismo sentido, la abogada Borja subrayó dos aspectos esenciales: por un lado, la necesidad de revisar a fondo la planificación técnica y operativa del censo; y por otro, la grave vulneración de derechos evidenciada en la fase presencial del proceso censal, donde se constató que cerca del 24% de la población afrodescendiente no fue contabilizada. Ante esta situación, las accionantes exigieron al Estado que emita disculpas públicas, que se detenga el uso de esos datos estadísticos, y que las instituciones responsables trabajen de manera conjunta con las comunidades afectadas para corregir las cifras y prevenir futuras exclusiones.
En contraste con los argumentos de las accionantes, representantes del Estado presentaron varias alegaciones en defensa del accionar institucional. Por parte del Estado, el abogado Diego Quezada manifestó que no se ha demostrado la existencia de una violación de derechos, por lo que pidió que se deseche la demanda “debido a que no tiene fundamento alguno”.
De igual forma, representantes de distintas instituciones públicas, como la Secretaría General de Planificación, la Procuraduría General del Estado y el Consejo Nacional para la Igualdad, respaldaron la actuación institucional y solicitaron que se ratifique la decisión judicial anterior, que rechazó las pretensiones de las accionantes.
Por su parte, Irma Bautista, coordinadora de CANAMUNE, expresó: “Tenemos esperanza de que las cosas cambien para un pueblo que no se lo escucha y no se lo ve.”
En su intervención final, el juez Dr. Galarza reflexionó sobre las posibles inconsistencias del censo, señalando que de ser así estas no solo habrían afectado a la población afrodescendiente, sino también a otros grupos como los indígenas y mestizos. “Si regresamos al censo de 2022, muchos mestizos podrían encontrarse con que tampoco fueron consultados”, comentó, aludiendo a que la falta de participación y representatividad estadística podría ser un problema más generalizado. No obstante, añadió que “un censo puede tener fallas técnicas, pero aún está por verse si hubo intención de perjudicar a determinados grupos poblacionales”.