La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) frente a la denuncia de Maritza Rodríguez sobre el mal procedimiento militar contra su hijo Christopher, joven estudiante afrodescendiente, rechaza todo tipo de violencia con índole racial y los abusos de poder por parte de la fuerza pública.
La noche del lunes 29 de mayo de 2023, Christopher fue víctima del abuso de poder de la fuerza pública en un acto totalmente racista. Cristopher, estudiante universitario de 22 años regresaba de sus clases hacia su casa cuando fue interceptado por militares que realizaban operativos antinarcóticos en la zona, quienes sin explicación procedieron violentamente contra él con golpes, forcejeos e insultos para requisar su mochila, al mismo tiempo que trataban de incriminarlo intentando colocar un objeto el que se presume contenía sustancias estupefacientes. Toda esta escena es grabada y transmitida por el medio de comunicación TC Televisión quienes lejos de ayudar, usaron estas imágenes para mostrar la “efectividad de la militarización de las calles”.
Con actos, como las que vivió Christopher, Jimmy Ocles y Helen Congo, en Quito; o el de Carlos Reyes, en Muisne; entre otros, evidencia los prejuicios raciales y el racismo estructural presentes en la sociedad ecuatoriana cuyos efectos son visibles a través del abuso de poder por parte de la fuerza pública, como son militares y policías, quienes no han dejado de intervenir con mayor violencia sobre las poblaciones de barrios marginalizados, afrodescendientes, indígenas y personas en situación de movilidad humana, basándose en su aspecto físico como único factor de sospecha. En algunos contextos, el racismo institucionalizado o la discriminación pueden devenir en el uso desproporcionado de la fuerza contra ciertos grupos por parte de la Policía y Fuerzas Armadas, hasta llegar en el peor de los escenarios a una ejecución extrajudicial, como consideramos al asesinato Andrés Padilla, en el Valle del Chota.
En la Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, sección 2, art. 7, se menciona que las servidoras y servidores de las entidades reguladas en esta Ley, en medida de lo posible, harán uso de medios no violentos como la negociación y verbalización antes recurrir al empleo de la fuerza física o al uso de armas menos letales o armas letales ante las personas intervenidas.
Las Fuerzas Armadas deben apegarse al uso progresivo de la fuerza y al protocolo de agentes que hacen cumplir la ley, pues no se puede justificar un operativo en base a estereotipos discriminatorios. Ninguna persona debe ser victima de perfilamiento racial cuyas bases son estereotipos étnicos o raciales, ya sea color de piel, forma de vestir, apariencia. Dentro del contexto de extrema violencia por el que atraviesa el país se exige resultados al Ministerio de Gobierno y Ministerio de Defensa que generen estabilidad y tranquilidad y no se busque criminalizar a la ciudadanía a través de la implantación de pruebas a inocentes y criminalización a minorías.
Hacemos un especial llamado a los medios de comunicación a comprometerse con su deber de informar con veracidad, y no ser parte de un discurso violento que desinforma y divide a la ciudadanía, perjudicando a poblaciones históricamente vulneradas.
Casos como el de Christopher suceden muy a menudo y la mayoría pasan desapercibidos, sin consecuencias, reparaciones o justicia para las víctimas; esto provoca que se normalice el perfilamiento racial y se vulneren los derechos de inocentes con impunidad. Incitamos a la ciudadanía continuar documentando en video el abuso de poder de la Fuerza Pública para así luchar contra esta problemática que persiste en el Ecuador.