La audiencia de Acción de Protección contra la Policía Nacional fue convocada para este miércoles 16 de julio de 2025, con el fin de celebrarse de manera telemática a través de la plataforma Zoom y dictar la resolución en el caso de los defensores de derechos humanos detenidos de manera ilegal y arbitraria el 21 de noviembre de 2024. No obstante, la jueza de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes declaró fallida dicha diligencia debido a la inasistencia de los abogados del Ministerio del Interior, quienes, a pesar de haber sido debidamente notificados, no comparecieron a la audiencia.
Amanda Mosquera, abogada del caso, manifestó: “Lastimosamente, el día de hoy no se presentó ni uno solo de los once abogados acreditados por el Ministerio del Interior. Ninguno. A pesar de haber sido notificados con anticipación, simplemente no se presentaron. No fue solo la ausencia de la abogada que venía litigando el caso, sino de todo el equipo jurídico designado, lo cual evidencia – de forma alarmante – un profundo desinterés institucional por parte de esta Cartera de Estado frente a un caso de graves violaciones de derechos humanos”. Al respecto, la jueza a cargo calificó este hecho como una falta de respeto hacia el proceso y, con el fin de garantizar el derecho a la defensa de la parte accionada, decidió no instalar la audiencia y fijar una nueva fecha para que la misma se lleve a cabo de manera telemática.
Por su parte, Miguel P., defensor de derechos humanos y uno de los accionantes, expresó: “Considero esto una falta de respeto. Sentimos que tanto el Estado como las instituciones convocadas no están tomando en serio el caso, pese a tratarse de una grave vulneración a nuestra integridad física como defensores en el contexto de protesta social. Si no se aborda con la seriedad que merece, estos hechos podrían repetirse, y precisamente lo que buscamos con esta acción es que lo ocurrido el 21 de noviembre de 2024 no vuelva a pasar”.
Se espera que la resolución no solo garantice la reparación integral a favor de Miguel P. y Jafet G., sino que además siente un precedente para que hechos ocurridos el pasado 21 de noviembre de 2024, en el contexto de manifestaciones sociales, no se repitan.
Contexto
El 21 de noviembre del 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Quito una manifestación convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la cual se unieron diversas organizaciones sociales en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa.
En la avenida 10 de agosto a la altura de la intersección con la calle General Pedro Briceño, miembros de la Policía Nacional bloquearon el paso de los manifestantes con vallas metálicas. En ese momento la protesta empezó a registrar focos de violencia ajenos a los organizadores y en medio del caos dos miembros de la policía infiltrados de civiles derribaron brutalmente a un adolescente que portaba su uniforme de colegio y con la ayuda de otros uniformados arrastraron al estudiante por la calle del Banco Central, el hecho quedó registrado por las cámaras de varios medios del país.
Ante la situación, Miguel P. como veedor de derechos se acercó a grabar la detención y pedir al adolescente que grite su nombre. Fue entonces que uno de los policías lo sujetó del brazo y lo arrastró detrás del cerco policial donde lo inmovilizaron y golpearon. Simultáneamente, otro miembro de Inredh, Jafet G., que presenciaba la detención violenta de su compañero, se acercó para identificarse como defensor de derechos, pues quería asistir a Miguel.
Los policías, ignorando que ambos portaban cascos e identificaciones, y pese a que Miguel y Jafet les comunicaban que eran miembros de Inredh, los aprehendieron y llevaron en una patrulla al Distrito de Policía Manuela Sáenz, lugar donde fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y solo después de retenerlos durante aproximadamente 6 horas, decidieron dejarlos en libertad a la madrugada del día siguiente, sin haberlos llevado en ningún momento ante una autoridad judicial.
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