Ayer, jueves 2 de febrero de 2023, en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, seis familias correspondientes al caso denominado “11 del Putumayo” se reunieron con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) para modificar el acuerdo de solución amistosa firmado en 1998.
El 16 de noviembre de 1993, en el cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos, personas no identificadas emboscaron a una patrulla combinada del Ejército y Policía ecuatoriana, quienes realizaban un operativo antidrogas. En dicho enfrentamiento, murieron once uniformados ecuatorianos.
Como respuesta, el Estado ecuatoriano desplegó un operativo en el que detuvo arbitraria e ilegalmente a 30 campesinos de las riberas del río Putumayo, de los cuales once (diez ciudadanos colombianos y un ciudadano ecuatoriano) fueron acusados de asesinato múltiple, tenencia de armas, explosivos, municiones y actividades subversivas.
Por estos actos, el 8 de noviembre de 1994 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado ecuatoriano por detención ilegal y arbitraria, incomunicación, tortura y atentado a la presunción de inocencia.
Posteriormente, el 24 de abril de 1998, la CIDH sugirió a las partes alcanzar una solución amistosa, la cual se firmó el 25 de junio de 1998.
A pesar de firmar el acuerdo, el Estado no cumplió con la cláusula de justicia en la que se comprometió a investigar y enjuiciar a los responsables de las vulneraciones a los derechos humanos; también se ofreció una indemnización por daños materiales a favor de las víctimas.
Luego de transcurridos más de 24 años, este acuerdo no se cumplió en su totalidad, por ello, las víctimas plantearon modificar la cláusula de justicia con otras medidas que exija al Estado una reparación integral por los daños.
Una de las solicitudes por parte de las familias fue que sus hijos, como víctimas indirectas del caso, puedan acceder a becas educativas y de esta manera construir un mejor proyecto de vida.
El área de fortalecimiento de Inredh levantó perfiles socioeconómicos de las víctimas para identificar el tipo de reparación que el Estado ecuatoriano puede ofrecer y con las cuales se logre materializar medidas que aporten al proyecto de vida de las familias.
En este encuentro, el Miduvi se comprometió a visitar a cinco familias, pero recalcó que los programas sociales del país no asisten a las personas extranjeras, pese a que la mayoría de las víctimas en este caso son de nacionalidad colombiana. Por otro lado, el MIES analizará su registro social para ver la posibilidad de incluirles en la lista de personas beneficiarias a bonos sociales.
Para Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh, es “preocupante que no se aplique la igualdad de condiciones para personas de nacionalidad extranjera, puesto que, en nuestra ley vigente, su condición de movilidad humana no debería ser un condicionante para el ejercicio de sus derechos y el acceso a las medidas de reparación en el caso concreto”.
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