El Tribunal de Garantías Penales del cantón Sucre, provincia Manabí, ordenó que en un plazo de tres días, la Alcaldía y la Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP) de San Vicente presentarán documentación que acredite el cumplimiento integral de la sentencia dictada a favor de la acción de protección presentada por los habitantes de la Urbanización de Miduvi Canoa, así lo informó hoy, 12 de noviembre de 2020, Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) que acompaña el caso.
En la sentencia emitida el pasado 13 de agosto de 2020, el Tribunal declaró la violación de los derechos constitucionales a la alimentación, integridad personal, vida digna e igualdad, no discriminación y a la salud por parte del el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Vicente y de la EMMAP-EP. Por lo cual, determinó varias medidas de reparación integral como es la dotación inmediata del servicio de agua potable, entre los días jueves a partir de las 07h00 hasta lunes 07h00. Además, ordenó como medida de no repetición, en caso de producirse daños en las tuberías o líneas de conducción, que las dos instituciones demandadas tomarán medidas necesarias y proveerán del servicio de agua sin costo alguno; y como medida de rehabilitación dispuso que la dos entidades a través del Ministerio de Salud Pública gestionen la visita de una brigada médica especialista en Dermatología para dar asistencia médica a los problemas de salud cutáneos.
El cumplimiento de estas medidas de reparación serán evaluadas por el Tribunal. Según Luis Ayala, presidente de la Urbanización Miduvi – Canoa, a pesar de existir un cronograma claro, la dotación del servicio de agua potable no se cumple a cabalidad. “Se han cumplido pocos días del calendario, generalmente los jueves y por aproximadamente veinte minutos – dice Ayala-. Además sin la fuerza necesaria en tuberías para que llegue a toda la Urbanización”. Incluso, los habitantes de Canoa denuncian que el martes 10 de noviembre del presente año, llegó un tanquero del Municipio de San Vicente a la Urbanización Canoa Miduvi a dotar de agua a sus habitantes, pero esta no fue suficiente porque son aproximadamente 500 personas que viven en la urbanización y porque la dotación se realizó fuera de los días establecidos en la sentencia.
Para la abogada Chiriboga esta dotación de agua es preocupante porque se dio durante el término de los 3 días que otorgó el Tribunal a las entidades accionadas para proveer información acerca del cumplimiento. “No desmerecemos la acción realizada, explica Chiriboga-, pero es preciso destacar que no se respetó el cronograma ni en los días ni en las horas establecidas. La dotación se dio el día martes 10 de noviembre, día que no correspondía la entrega del agua, lo que nos hace pensar que esta acción tuvo por objetivo registrar la acción para entregar información al Tribunal, más no encaminada a cumplir de forma integral la sentencia”.
Actualmente, los habitantes de Canoa continúan comprando agua a los tanqueros, pese a que el Tribunal resolvió que la Alcaldía de San Vicente y la Empresa de Agua Potable doten de agua a sus habitantes sin costo alguno.
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Tribunal de cantón Sucre solicita información sobre distribución de agua en Canoa
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