El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha presidida por la jueza Sara Ipatia Costales Vallejo llamó a la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde Rodríguez, joven de 18 años desaparecida desde el sábado, 7 de julio de 2012, en el sector de la Biloxi, sur de Quito.
Por este delito está siendo procesado el pastor evangélico Jonathan C. quien declaró que arrojó el cuerpo de Juliana, en la quebrada Bellavista, nororiente de la ciudad capitalina. Desde el 5 de septiembre del año anterior, Jonathan C. se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.
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La audiencia oral, pública y contradictoria se instalará a partir del día 2 de julio de 2019, a las 08:30, en la sala del Complejo Judicial Norte, ubicado en la Av. Amazonas entre Villalengua y Pereira, en la ciudad de Quito, y espera concluir el 31 del mismo mes.
Según la notificación del Tribunal, en la audiencia participarán cerca de 400 testigos entre familiares, amigos, miembros de la Iglesia evangélica, agentes policiales, peritos de medicina legal y forense, criminalística, entre otros.
Para Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, es fundamental que los jueces hagan justicia y reparen la memoria de Juliana. No solo con disculpas públicas sino con compañas de visibilización de quién realmente es Juliana.
“Son 2535 días desde la desaparición de mi hija Juliana y hasta ahora no sabemos dónde está mi hija, qué le hicieron, dónde la dejaron. En 20 días se cumplirán 7 años”.
Según Pamela Chiriboga, abogada de la familia y asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), esta audiencia es crucial para la búsqueda de justicia, verdad, memoria y reparación para la familia Campoverde Rodríguez. “La Fiscalía cuenta con elementos de convicción suficientes para probar la existencia de la infracción y de la responsabilidad de Jonathan C. –dice Chiriboga-. A pesar de que la acusación particular haya acusado por un delito diferente al de Fiscalía, siendo éste asesinato, consideramos que los delitos conducen a un mismo resultado y un mismo responsable”.
Además, la jurista señala que hay que tomar en cuenta que es el segundo caso de persona desaparecida que llega hasta esta instancia y a más de dar respuesta a este caso puede convertirse en un precedente trascendental para todos los familiares de personas desaparecidas que no han podido judicializar sus propios casos por fallas en la misma justicia mediante sus investigaciones, funcionarios, falta de normativa, etc.