Un paso más allá del proyecto del uso legítimo de la fuerza

*Por Richard Pillajo

La legitimación del uso de la fuerza pública con armas letales en acciones públicas como protestas sociales representa un paso firme hacia el desarrollo de un proyecto político de mayor alcance, que tiene como finalidad la manutención y reproducción de las estructuras de producción y dominación que históricamente se han ejecutado desde la creación de la República.
Y hemos visto que una de las piezas fundamentales para perpetuar esta situación han sido los aparatos represivos del Estado, junto a todo el aparataje estatal. En este sentido, dentro de este análisis sociológico profundizaremos el papel que desempeña el aparato jurídico en relación al accionar de las instituciones armadas.
Para comenzar, señalaremos elementos coyunturales para describir el contexto del debate del proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza realizado desde hace unos meses en la Asamblea Nacional. Desde el Gobierno de Moreno (2017-2021) se habló de un “giro a la derecha”, que controlaba la economía y apostaba por la regulación desde los mercados; que redujo al mínimo de presupuestos para pagos de deudas internas, y solicitó préstamos con el FMI en medio de discursos que denunciaban déficits fiscales para varias instituciones gubernamentales. El caso más conocido es el déficit fiscal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Esto provocó altos índices de desempleo, que consecuentemente desembocó en el crecimiento de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema; esto en medio de una crisis económica y de movilidad humana considerada reciente para el momento. Pese a lo mencionado, lo que verdaderamente encendió la movilización de las clases populares fue la implementación de la carta de intención del Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual solicita, en breves palabras, que se precarice y se sobre-explote a las clases trabajadoras para que se pueda pagar la deuda. El desenlace de esta situación lo conocemos todos por el paro de octubre del 2019.
Adicionalmente, el mundo atravesó por una emergencia sanitaria causada por la pandemia de la Covid-19, en la que la cuarentena no permitió realizar las actividades productivas con normalidad para la mayoría de la población trabajadora. Luego con la vigencia de la Ley Humanitaria, que precariza mucho más las condiciones laborales en las que se insertan la población trabajadora, se aprovechó para acrecentar el desempleo mientras que el Estado aseguraba los pagos al FMI a costa de desamparar hospitales (en medio de una pandemia) y puestos de trabajo.
De esta reseña se destaca que, de los últimos cinco años en los que ha gobernado la derecha (sin mencionar el correísmo), los proyectos de ley impulsados desde el Ejecutivo tuvieron como finalidad asegurar la reproducción de las condiciones políticas, sociales, de producción, y hasta educacionales para que la clase dominante se mantenga en el poder y las clases explotadas se mantengan como explotadas.
Actualmente, el gobierno de Lasso (2021) continúa con el manejo de la economía por la autorregulación del mercado, mientras que, al mismo tiempo ha favorecido las condiciones de crecimiento empresarial sin mejorar las condiciones para los trabajadores, por ejemplo: los casos de los agricultores que trabajan al borde de la quiebra económica; los beneficiarios de la salud pública y médicos que llevan tiempo denunciando la falta de medicamentos en centros de salud, y las organizaciones de trabajadores que constantemente exigen al gobierno se detenga la carta de intención del FMI y se regrese el subsidio a los combustibles.
Estas alarmantes situaciones para las clases populares no son recientes, existen en la propia historia del Ecuador y Latinoamérica en la que los Estado-Nación han optado por favorecer a las clases altas y abandonar a las clases populares y población vulnerable, en ámbitos básicos como en la garantía de derechos, especialmente a la salud, educación y vivienda digna. Por lo que aquí tenemos un primer momento de lo que interpretamos como violencia simbólica, la cual compromete a los represores y a los reprimidos a la normalidad de la situación en términos estructurales. En comparación a la violencia física que se percibe a simple vista.
De tal forma que, al analizar este proyecto de ley, despejamos el eje central de su contenido: la regulación de la represión física mediante la violencia simbólica. Básicamente es una advertencia de la posible vulneración al derecho a la protesta y a los derechos de las personas privadas de libertad. Como se ha mencionado, las reformas a las leyes impulsadas por el Ejecutivo (y aceptadas por la oposición) se han enfocado en: vulnerar derechos de los trabajadores y han desgastado las condiciones materiales del sector público para apoyar modelos privatizadores afectando el derecho a la salud, el trabajo y a la educación.
El aparato de Estado (aparatos ideológicos y represivos) no solamente contribuye a su propia reproducción como un mecanismo a favor de la clase dominante, sino también, y, sobre todo, asegura mediante la represión (desde la fuerza física más brutal hasta las más simples ordenanzas y prohibiciones administrativas, la censura abierta o tácita, etc.) (Althusser, 1988, p. 12) las condiciones políticas de la actuación de los aparatos ideológicos de Estado como la coordinación de partidos políticos para alcanzar los proyectos del partido político hegemónico.
Es así que, el rol del aparato represivo del Estado consiste esencialmente en asegurar por la fuerza las condiciones políticas de reproducción de las relaciones de producción que son, en última instancia, relaciones de explotación.
Por ello, se considera que de ser implementado el proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza favorecerá a la clase dominante, asegurando las condiciones políticas de reproducción del estado empresarial, por la fuerza, para futuros partidos políticos de corte derechista y anti derechos. Asimismo, privilegiará el actuar de las instituciones armadas del Estado, desviando su dirección de protección de fronteras y seguridad ciudadana hacía la necesidad de un control social que puede llegar a confundir delincuencia con protesta, y generar casos de negligencia y hasta ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, disminuirá radicalmente las condiciones necesarias que deben manejar los gobiernos democráticos en la apertura del derecho a la protesta y la resistencia; situación que no se detendrá por la violencia estructural que ya se ha desplegado desde el gobierno anterior. Y con las condiciones actuales de las fuerzas armadas para controlar movilizaciones se está atentando seriamente con el derecho a la vida y a la integridad personal, en nombre de lo que Marx llamó “la dictadura de la burguesía”, ya que la única violencia aceptada es la que proviene desde sus esferas, tal y como se profundiza a continuación.
En primer lugar, la forma en cómo el Estado empresarial favorece a la clase dominante se centra en la violencia simbólica que este pueda desplegar desde los aparatos ideológicos del Estado en contra de las clases bajas, quienes producen y reproducen su vida en espacios como los establecimientos educativos, religiosos, culturales; en coordinación con los aparatos represivos del Estado. Debido a que estos establecimientos, además de ser espacios donde se aprenden habilidades de la ideología dominante para violentar, también se violenta mediante exclusión, radicalización y discriminación.
En segundo lugar, las condiciones del accionar de la policía nacional y las fuerzas armadas no representan un avance en términos de seguridad, en el sentido que no deberíamos necesitar llegar a puntos de militarización de la vida cotidiana, o que se busque delegar actividades de la Policía Nacional a la fuerza militar en el control de los centros de privación de libertad. Esta situación es la representación de un Estado totalizador de la vida cotidiana, en el que no se aseguran condiciones propias para que se combata la delincuencia a largo plazo; sino que se busca acabar radicalmente con grupos sociales empujados a ser autores de crímenes por las condiciones que el propio gobierno desencadena, como bajas condiciones para ingresar a la educación, protección de menores, abuso de estupefacientes y acceso a un trabajo y vivienda digna. Todo esto es responsabilidad directa del Estado ecuatoriano.
En tercer lugar, las condiciones para la movilización y la protesta (necesaria para la participación y mecanismo de voz y lucha para los movimientos sociales) se ven peligrosamente condicionadas ya que, como menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados democráticos deben sostener condiciones aptas para que las agrupaciones y movimientos desarrollen su asociación sin mayor complicación (Lanza, 2019). Pero esta ley no representa un garante para el desarrollo de manifestaciones pacíficas, y mucho menos se considera apropiada para actuar frente a acciones violentas, la principal razón es porque atribuye competencias policiales a cuerpos militares dentro de un estado de excepción, considerado como un acto inconstitucional.
Pese a esta situación, los movimientos sociales y las clases populares, como la cara políticamente organizada de los dominados, también son víctimas de la ideología dominante: desde aceptar su dominación hasta defenderla; por lo que, en un Estado democrático es necesario, y hasta obligatorio, garantizar el derecho a la protesta y la resistencia como bases de la crítica social y para defensa de los derechos humanos, históricamente alcanzados y que hoy, en el Ecuador, están debilitados.
Desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos y en cooperación con organizaciones sociales y víctimas de delitos de Estado se espera que no se amplíe las condiciones y armamento de represión por parte del Estado porque históricamente ya se conoce el trágico desenlace que esto puede producir para quienes laboramos, militamos y vivimos en la lucha de las causas sociales. Sin importar la violencia simbólica que produzca esta Ley, al igual que la noticia que el Estado adquirió más equipo antidisturbios, no se logrará sembrar el temor y pasividad en la población, al contrario, se motivará la lucha y defensa de una vida y futuro digno para quienes pertenecen a las clases trabajadoras.
Biografía

• Althusser, L. (1988) Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Nueva Visión, Buenos Aires.
• Lanza, E. (2019) Protesta y Derechos Humanos Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Organización de los Estados Americanos.
• Asamblea Nacional del Ecuador (2022), Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Segundo Debate del Proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.

Egresado de la carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, ha participado en el observatorio de DDHH de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCE, mantiene trabajos de campo en mejora del espacio público dentro de barrios representativos de Quito con la Fundación “Habitar Colectivo” y trabaja como voluntario en la Fundación Inredh.
Richard Pillajo