Este viernes 11 de julio, dirigentes e integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) protagonizaron una marcha en la ciudad de Quito como parte de una jornada de protesta en rechazo a la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional, el pasado 24 de junio y defensa de la educación pública y los derechos laborales del magisterio nacional. Desde tempranas horas, miembros de la UNE de diferentes provincias se concentraron en la sede de la UNE, ubicada en la intersección de las calles 9 de octubre y Ascázubi, desde donde partieron en marcha hacia la Corte Constitucional del Ecuador.
A la convocatoria se sumaron manifestantes provenientes de distintas provincias del país, demostrando el alcance nacional de la preocupación por el rumbo del sistema educativo, donde el gremio entregó un análisis técnico, jurídico y constitucional que respalda la primera demanda de inconstitucionalidad contra dicha ley.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, explicó que la Ley de Integridad Pública, aunque incluye elementos positivos como la evaluación del desempeño de los servidores públicos, es utilizada como herramienta para debilitar la estabilidad laboral y restringir derechos fundamentales de los trabajadores del sector público, en especial del magisterio.
“Es una movilización por la defensa del trabajo, la educación y la vida. Exigimos respeto a la estabilidad laboral, la seguridad para enseñar y el cumplimiento de los derechos laborales adquiridos”, declaró Quishpe durante la jornada.
El gremio cuestiona también que la normativa imponga sanciones desproporcionadas a adolescentes en conflicto con la ley, lo cual representa un retroceso en términos de derechos humanos y justicia juvenil.
Durante el acto frente a la Corte Constitucional, la UNE fue acompañada por Cooperativas de Economía Popular y Solidaria, así como por diversas organizaciones sociales, quienes también demandan que el máximo órgano de control constitucional declare inconstitucionales varias leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
La presidente Nacional de la Juventud, Micaela Chávez, estamos aquí presentes siendo parte de esta marcha para exigir que la Ley de integridad Pública es totalmente inconstitucional. Ya que, prioriza la criminalización a resolver problemas estructurales de pobreza, sobre todo de barrios populares, a los jóvenes como nosotros, que quizás vivimos en un lugar peligroso. Y que simplemente por ese hecho ya somos considerados una amenaza para el Gobierno. La ley de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, esta ley permite que a los niños y adolescentes sean tratados como adultos. Exigimos que esta ley sea declarada inconstitucional.
Los derechos humanos internacionales se han pronunciado al respecto, porque es preocupante que un niño estando en la edad de un niño biológicamente sea tratado como adulto y que incluso las penas puedan llegar hasta los 15 años que los niños.
La presidenta de frente Unitaria de La UNE reiteró su compromiso con la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad, y advirtió que continuará movilizada hasta obtener respuestas concretas de las instituciones del Estado.
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