La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunciaron hoy, 15 de mayo de 2018, mediante una rueda de prensa la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios del país.
Elsie Monge, directora ejecutiva de la Cedhu, dijo que Víctor Q. de 57 años de edad, por adeudar pensiones alimenticias fue detenido y recluido en el Centro de Detención Provisional (CDP) de la ciudad de Quito, en enero 2018. “Víctor sufría de hipertensión arterial y fue recluido sin sus medicamentos, pese a que su familia insistía en que no podía vivir sin su medicina diaria”.
Los guías no permitieron que la familia entregue los medicamentos hasta que Víctor sufrió un infarto y lo llevaron a Emergencias del Hospital Pablo Arturo Suarez, pero no sobrevivió. El 4 de febrero de 2018 falleció por un infarto agudo al miocardio.
Frente a este hecho, Cedhu e Inredh señalaron que estos casos se dan con cierta frecuencia y que demuestran la falta de humanidad de los funcionarios públicos del sistema penitenciario. Además, evidencia que el trato cruel, inhumano y degradante en las cárceles está al orden del día.
Para Daniel Véjar, asesor legal de Inredh, uno de los ejemplos más difundidos, es el caso de la cárcel del Turi en Cuenca donde más de 200 internos del pabellón de Medina Seguridad JC, en el año 2016, fueron víctimas de torturas cometidas por agentes de la Policía Nacional. “Han transcurrido dos años y el caso se mantiene en la impunidad lo que genera que los atropellos continúen”.
A pesar que, desde el año 2016 se dieron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes reconocidos como tal en sentencias constitucionales, la situación se agrava con el descubrimiento de una red de extorsión con participación de internos y administrativos del Turi.
Por este caso se abrió una investigación por el delito de extorsión a mediados del año 2017, lo que dejó en evidencia las prácticas de tortura dentro de la cárcel Turi. En el expediente fiscal hay varios relatos sobre la tortura y agresiones extremas. «… Me agredían entre 15 personas, eso se llama camionetazo (…) Me golpeaban con tubos, me trizaron el pie, el antebrazo, en promedio me agredirían unas 30 veces… «, se lee en el expediente.
«…He venido viviendo una pesadilla, me han apuñalado en los glúteos, el pulmón. En las noches me metían en la ducha de agua fría. Me torturaban (…) pasaban los cables por medio de unas ventanas de una celda que había al lado, me ponían los pies uno en un balde de agua, el otro en otro balde de agua y los cables en los pulgares… «, relata uno de los privados de libertad que dio su testimonio al perito médico forense diciendo.
Sobre este caso, se instaló el 7 de septiembre de 2017 en la ciudad de Cuenca, la audiencia de dictamen fiscal por el delito de extorsión en contra de 24 personas, entre ellas el exdirector de la cárcel y los excoordinadores, pues en varias versiones que constan en el proceso se indica que tuvieron conocimiento de lo sucedido. La particularidad de este proceso es que uno de los procesados (ex director del Centro Paúl Tobar, es primo de José Serrano, quien durante 10 años ostentó altos cargos en materia de seguridad pública y penitenciaria para ser presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador hasta el 9 de marzo del año en curso.
Durante los últimos 6 meses se han reportado 9 asesinatos dentro de la Cárcel de Turi. Sobre estos hechos se han expuesto varias hipótesis como sobredosis (muerte de David Isaías Machuca), suicidios (muerte de Fabián Nero) o riñas como el asesinato de Stalin Guaraca Cedillo alias Garfield que, como se muestran en fotos remitidas desde la misma cárcel, fue asesinado esposado y con signos de tortura, presumiéndose una ejecución extrajudicial y en el marco de un operativo de control con las mismas características que el ocurrido en mayo de 2016.
Para Pamela Chiriboga, de Inredh, estas 9 muertes registradas corresponden a un sub registro obtenido de forma extraoficial, ya que como organizaciones de derechos humanos se nos han cerrado las puertas para obtener la información directa de las autoridades. Esto situación se agrava también más por el miedo de las personas privadas de la libertad y las familias a denunciar los casos por temor a las represalias y hostigamiento.
Para CEDHU e INREDH las consecuencias de las deplorables condiciones carcelarias, la falta de atención médica y de una alimentación adecuada combinada con el maltrato y otras vulneraciones de derechos fundamentales crea un clima de violencia en los centros penitenciarios que no están orientados a la rehabilitación social de las personas.
Frente a esto, demandamos que se investigue las negligencias en los procedimientos administrativos que llevaron a la muerte de Víctor y se sancione a los responsables con la finalidad de que estas prácticas no continúen.
Además, denunciamos que los hechos cometidos en las cárceles como son los asesinatos, tortura, agresiones físicas, extorsión no son solo responsabilidad exclusiva de los autores materiales, trátese de policías, personal penitenciario o los mismos privados de la libertad, sino que dicha responsabilidad recae en el Estado, ya que es garante de los derechos de los PPL conforme lo ha sostenido reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad debe adoptar acciones concretas para garantizar sus derechos, tales como adecuar las condiciones de detención de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, asegurar la seguridad interna y atención médica de los centros de detención, así como garantizar sus derechos humanos.
El pasado, 6 de abril de 2018, organizaciones de derechos humanos y academicos presentaron una medida cautelar en la CIDH para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
Quito. Hermana Elsie Monge y Daniél Véjar en rueda de prensa.
