La movilización fue convocada por más de 30 organizaciones sociales y gremiales, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación Médica Ecuatoriana y colectivos ciudadanos. La marcha inició en los exteriores de la Caja del Seguro y avanzó por la avenida Patria y la avenida 6 de Diciembre, hasta llegar a la Corte Constitucional.
Los manifestantes expresaron su apoyo a la suspensión temporal de 17 artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Esta decisión fue emitida por la Corte Constitucional tras demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales y jurídicas. Uno de los textos más cuestionados fue la Ley de Inteligencia, que incluía disposiciones consideradas polémicas por diversos sectores.
Durante el recorrido, las consignas y pancartas apuntaron principalmente contra los más de 5 000 despidos en el sector público y la posible eliminación de hasta 60 000 plazas hasta 2028. También se rechazó la eliminación del Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Ambiente y la Secretaría de Desnutrición Infantil, como parte del plan de fusión de entidades impulsado por el Ejecutivo.
Andrés Quishpe, presidente nacional de la UNE, señaló que organizaciones de 23 provincias participaron en la jornada. En su intervención, exigió que se declare en emergencia a los sectores de salud y educación, ante el aumento de la violencia y el debilitamiento institucional.
Uno de los puntos más criticados fue el anuncio de la consulta popular y el referéndum promovidos por el Gobierno, cuyo costo rondaría los 60 millones de dólares. “Mientras no hay medicinas en los hospitales, se pretende gastar millones en una consulta innecesaria”, señaló el presidente del FUT.
Por su parte, Luis Muñoz, representante de la Federación Médica Ecuatoriana, denunció que el Ministerio de Salud ha ejecutado solo el 12 % del presupuesto asignado en el primer semestre de 2025. “Están despidiendo médicos, enfermeras, laboratoristas y especialistas. Incluso no hay fondos para alimentos en los hospitales”, afirmó.
La marcha transcurrió de forma pacífica, aunque con fuerte resguardo policial y presencia de vallas de contención a lo largo del trayecto. Al mismo tiempo, los manifestantes rechazaron la contramarcha convocada por el presidente Noboa para el 12 de agosto, en respaldo a su gestión y en rechazo al fallo de la Corte Constitucional.
Conclusión:
La movilización reflejó el creciente malestar de distintos sectores sociales frente a las decisiones del Ejecutivo. Mientras el gobierno de Noboa insiste en avanzar con su agenda, gremios laborales, educativos y de salud exigen atención urgente a las necesidades básicas del país. La Corte Constitucional se mantiene en el centro del debate político como garante del control de constitucionalidad ante las reformas del régimen.