Voces de la resistencia: Defensores, entre la línea de fuego y la impunidad estatal

por Amanda Mosquera Meza

Hace ya cinco años, Ecuador vivió un paro nacional que unió a varios sectores sociales y políticos para ejercer su legítimo derecho a la resistencia frente a las medidas económicas antipopulares dictadas por el gobierno del expresidente Lenín Moreno.

Así pues, del 3 al 13 de octubre del 2019 se llevó a cabo un paro nacional impulsado por diversas organizaciones base de los pueblos indígenas, que mantuvieron una firme resistencia a lo largo de los 11 días de movilización. Al respecto, es fundamental reconocer que la lucha de los pueblos indígenas ha sido un componente central en el fenómeno social de la protesta, ya que dicha resistencia ha sido marcada por la determinación y la búsqueda de justicia, subrayando la necesidad de un reconocimiento efectivo de sus derechos como sector históricamente invisibilizado, así como la obligación del Estado de garantizarlos.

Conforme datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante dicho período se registraron 1.192 aprehensiones, de las cuales el 76% correspondió a detenciones arbitrarias e ilegales, ya que ni siquiera se habrían formulado cargos por no cumplirse con los requisitos legales mínimos para el efecto[1]; y, aún más alarmante que esto, 11 personas fallecieron en el contexto de las protestas, de las cuales por lo menos 4 habrían muerto por la acción de integrantes de las fuerzas públicas de seguridad[2].

Y frente a este escenario devastador, es importante cuestionarnos si el Estado cumplió con sus deberes primordiales[3]: ¿Acaso las medidas económicas impuestas por Lenín Moreno garantizaban sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos constitucionales de todos los sectores sociales? ¿Estas medidas habrían sido planteadas para erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza? ¿El Estado garantizó a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción? En el contexto del paro nacional del 2019, ¿el gobierno fortaleció la unidad nacional en la diversidad?

Si somos totalmente sinceros, la respuesta a todas estas preguntas sería un no rotundo. Y a partir de ello podemos darnos cuenta de que, si el Estado hubiese cumplido de manera efectiva con su labor desde un primer momento, ni siquiera habría sido necesario que la población saliera a las calles para marchar por sus derechos.

Y, como una muestra más de su negligencia, el Estado optó por criminalizar esta resistencia y dar luz verde a diversos abusos por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad, todo lo cual tuvo como resultado final una serie de eventos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, que lamentablemente se siguen caracterizando por la impunidad.

En este contexto, es fundamental reconocer que, a pesar de la resistencia pacífica de muchos manifestantes, el enfoque mediático y social se limitó al discurso oficial manejado por el gobierno, que buscaba deslegitimar la protesta y se limitaba a visibilizar los saqueos, ataques y actos vandálicos [4], con el fin de distorsionar la percepción pública y justificar el uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del Estado. No obstante, aunque dichos actos delictivos tan alarmantes se habrían registrado precisamente durante el paro nacional, estos no pueden ser atribuidos a los manifestantes que ejercían su legítimo derecho a la resistencia.

Al respecto, es crucial tener en cuenta que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que quienes protestan pacíficamente puedan ejercer su derecho a la resistencia sin ser reprimidos por las acciones de unos pocos; por lo que, cualquier acto violento cometido por un grupo reducido no debería afectar el derecho de quienes continúan manifestándose de manera pacífica[5], ya que la legitimidad de la protesta radica precisamente en la defensa de derechos humanos.

En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido que, para que una protesta pierda la protección de reunión pacífica, se requieren pruebas claras de violencia o incitación a la misma, hostilidad o discriminación por parte de un número significativo de participantes; por lo que, dicho organismo ha aclarado que los empujones o la interrupción del tráfico de vehículos o peatones o de las actividades diarias no constituyen violencia[6].

Sin embargo, a pesar de todas las consideraciones expuestas, el foco de atención de la población en general respecto del paro nacional del 2019 se ha centrado en los manifestantes, quienes incluso fueron cuestionados por salir a marchar en lugar de conformarse con las referidas medidas económicas que los afectaban, especialmente a ellos de manera inconmensurable.

¿Pero por qué no regresamos la mirada al Estado? ¿Por qué se sigue justificando el actuar de las fuerzas de seguridad pública frente a los manifestantes? ¿Acaso nos es más fácil olvidar que los miembros de dichas fuerzas de seguridad arrojaron gases en varios campus universitarios que estaban siendo utilizados como albergues para mujeres, niños y manifestantes heridos[7]? ¿Quizás ha sido más sencillo para todos pasar por alto la falta de capacitación de las fuerzas de seguridad ecuatorianas con respecto a los protocolos de uso progresivo de la fuerza? ¿Dejaremos en el olvido que en el paro del 2019 estos agentes de seguridad arrojaron a manifestantes y periodistas cartuchos de gases lacrimógenos y perdigones desde muy corta distancia, apuntando en forma directa a las personas, o que golpearon ferozmente y detuvieron arbitrariamente a más de uno[8]?

Lo que se ha pedido durante todo este tiempo al gobierno ha sido simplemente transparencia. Sin embargo, mientras los agentes estatales sigan perpetrando un espíritu de cuerpo que prioriza la protección mutua sobre la rendición de cuentas, todos seguiremos siendo testigos atónitos de la impunidad, ya que esta cultura de encubrimiento no solamente socava la confianza pública en las instituciones estatales, sino que también obstaculiza e impide el acceso a la justicia para las víctimas de abusos, creando un ciclo infinito de desconfianza y falta de responsabilidad que afecta a toda la sociedad.

En este sentido, es fundamental enfatizar que el uso excesivo de la fuerza jamás será justificable; por lo que, es necesario que se esclarezcan los hechos suscitados en octubre de 2019 para determinar responsabilidad por las graves vulneraciones a los derechos humanos de las víctimas.

Sobre ello, el informe de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, elaborado tras el paro de 2019, evidencia el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza pública, que provocó privaciones arbitrarias de libertad a cientos de personas ahora libres que, desde el momento de la aprehensión y durante la detención, sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes que no solamente se restringieron a agresiones físicas sino también a intimidaciones y amenazas que afectaron su integridad psicológica[9].

Además, es crucial destacar que la actuación de la Policía Nacional y el Ejército Nacional no solamente vulneró los derechos de quienes participaban en las protestas, sino también de ciudadanos ajenos a las manifestaciones, como vendedores, transeúntes, médicos voluntarios, paramédicos, periodistas y usuarios de hospitales, así como habitantes de diferentes barrios de la ciudad de Quito y aquellas personas que se encontraban en zonas humanitarias de paz[10].

No obstante, los hechos más graves durante estos 11 días de protesta fueron las muertes violentas registradas, mismas que subrayan la vulneración de derechos durante las manifestaciones y que han sido recopiladas en el informe elaborado por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, donde no solamente se describe el contexto de las protestas, sino también se detallan las vidas de las personas afectadas, resaltando que detrás de las cifras, muchas veces opacas, hay hechos que podrían señalar la responsabilidad estatal en varias de las muertes[11].

Recordemos que la violencia solamente trae más violencia, tornándose aquello en un ciclo turbio en el que nadie gana. Y, aunque desde su privilegio algunos se han enfocado en menospreciar la lucha de los sectores vulnerables que marcharon, debemos recordar que nada es inamovible; por lo que, mientras los gobiernos ecuatorianos continúen incumpliendo sus deberes primordiales, existe una probabilidad de que la siguiente medida nos afecte a ti o a mí. Y si mañana debemos ejercer nuestro legítimo derecho a la resistencia y marchar por nuestros derechos, ¿estaremos seguros de hacerlo o correremos riesgo frente a las fuerzas de seguridad públicas y frente a un Estado que criminaliza este derecho humano como un supuesto acto de terrorismo?

Desde la perspectiva de quienes defendemos los derechos humanos, resulta aterrador hacernos esa pregunta, pero lastimosamente la impunidad ha sido la única respuesta proporcionada por el Estado ecuatoriano a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas en el paro del 2019.

En relación con esto, es crucial destacar el rol fundamental de los defensores de derechos humanos en contextos de protesta, ya que son voces clave para documentar, denunciar y acompañar a las víctimas, incluso cuando el Estado ha buscado silenciar y criminalizar sus esfuerzos. Así, quienes cumplieron este rol durante el paro nacional de 2019 no solo siguen exigiendo justicia, sino que han actuado como una barrera esencial frente a la repetición de los abusos; y, a pesar de las adversidades, su labor sigue siendo indispensable para mantener viva la memoria de su lucha y asegurar que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes.

Por ello, aunque ya han transcurrido 5 años desde aquel episodio, debemos seguir vigilantes para exigir que las víctimas de estos atropellos obtengan verdad, justicia y memoria; tanto más que, en palabras del filósofo español George Santayana, “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.

Notas

[1] Defensoría del Pueblo, “Los resultados del paro nacional de octubre 2019 y la elaboración de un proyecto de ley sobre «Uso progresivo de la fuerza en contextos de manifestaciones sociales», fueron los temas que expuso el Defensor del Pueblo al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, 4 de diciembre de 2019, párr. 3, https://www.dpe.gob.ec/los-resultados-del-paro-nacional-de-octubre-2019-y-la-elaboracion-de-un-proyecto-de-ley-sobre-uso-progresivo-de-la-fuerza-en-contextos-de-manifestaciones-sociales-fueron-los-temas-que-expuso-el-d/.

[2] Human Rights Watch, “Ecuador: Lecciones de las Protestas de 2019”, 6 de abril de 2020, párr. 3, https://www.hrw.org/es/news/2020/04/06/ecuador-lecciones-de-las-protestas-de-2019.

[3] Los deberes primordiales del Estado se encuentran establecidos en el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador.

[4] Human Rights Watch, “Ecuador: Lecciones de las Protestas de 2019”, párr. 11.

[5] Amnistía Internacional España, “¿Existe el derecho a la protesta? ¿Cuáles son sus límites?”, 13 de octubre de 2022, párrs. 13, 14 y 16, https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/existe-el-derecho-a-la-protesta-que-limitaciones-tiene/.

[6] Ibíd., párrs. 13 y 15.

[7] Ibíd., párr. 54.

[8] Ibíd., párr. 3.

[9] SURKUNA, INREDH, CEDHU, AMAZON FRONTLINES e Idea Dignidad, “Verdad, Justicia y Reparación. Informe de verificación sobre DDHH Paro Nacional y levantamiento indígena”, 2019, pág. 56, https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2019-10/Informe%20Final%20Alianza%20DDHH%20Ecuador%202019_compressed.pdf.

[10] Ibíd., pág. 60.

[11] Ibíd., pág. 60.