En una rueda de prensa híbrida organizada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDHN-PUCE), se abordó el emblemático caso de Julio García Romero. El fotógrafo y defensor de derechos humanos falleció el 19 de abril de 2005 tras inhalar gases lacrimógenos utilizados desmedidamente durante las protestas contra el entonces presidente Lucio Gutiérrez.
La audiencia ante la Corte IDH está programada para las 09:00 horas de Costa Rica y 10:00 horas de Ecuador. Durante esta sesión, se escucharán los testimonios de Rosario del Pilar Parra Roldán, compañera de vida de García, y de su hijo Bruno García, quienes expondrán el impacto de esta pérdida y las violaciones sufridas. Además, se presentarán análisis periciales y alegatos sobre la responsabilidad del Estado y las medidas de reparación solicitadas.
La rueda de prensa comenzó con la proyección de un video memoria que resaltó la vida y labor de Julio García como militante y defensor de los derechos humanos. En ese contexto, su familia compartió testimonios conmovedores sobre la pérdida y la búsqueda de justicia que han llevado adelante durante casi 20 años.
Durante su intervención, Isadora García expresó que, finalmente, se abrirá un espacio para el reconocimiento de los hechos: “Después de 20 años, al fin va a ser posible un juicio donde el Estado ecuatoriano reconozca el asesinato de mi papá y compañero de luchas. Julio García, que fue asesinado, y todos los que estuvimos esa noche sabemos que fue por órdenes de Lucio Gutiérrez”.
Por otro lado, Gabriela García, otra de sus hijas, destacó la importancia de esta causa no solo para la memoria de su padre, sino también para otras familias que han vivido situaciones similares: “Queremos justicia para él por su vida, por todo lo que defendió, pero también por todas esas familias que son vulneradas solo por pensar diferente. Mi padre, Julio García Romero, fue asesinado y antes ya había sido maltratado”.
Asimismo, Bruno García, hijo de Julio, subrayó la necesidad de establecer precedentes claros en los protocolos de las fuerzas del orden público: “Es necesario que quede un precedente fuerte por parte de los protocolos de la fuerza de orden público, ya que ellos deben resguardar la vida de todos los ecuatorianos. Destruyeron muchas vidas, así como la afectación psicológica que tuvimos”.
Por su parte, José Valenzuela, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE), señaló la trascendencia de esta audiencia ante la Corte IDH: “Es importante que la Corte escuche a las víctimas, lo hacemos con la convicción de que los derechos humanos se exigen en cualquier contexto y por tanto tienen que respetarse y garantizarse por los Estados; junto a la familia de Julio se han planteado además mecanismos de no repetición, así como una investigación seria”.
Dayuma Amores, abogada de Fundación INREDH, manifestó la importancia del caso en temas de libertad de expresión: “El 19 de abril de 2005, Julio García estaba cubriendo las manifestaciones y permitiendo que muchas personas en el Ecuador y en el mundo se enteren de la situación social que estábamos atravesando a través de sus fotografías, sin embargo, el Estado no le brindó la protección necesaria para ejercer esta profesión, más bien fue víctima de la represión y falleció a causa del uso excesivo de la fuerza. Esta es la oportunidad para que esto cambie y que sirva para toda la región”.
Finalmente, Luis Ángel Saavedra, de INREDH, reflexionó sobre la conexión entre este caso y el contexto actual de violencia en el país: “Su vida se perdió en manos de un militar; la violencia que estamos viviendo ahora en el país también nos hace dar cuenta de eso, que el mundo militar no tiene conciencia de lo que significa una persona civil, ni cuál es su rol en los derechos de una persona”.
El caso de Julio García se ha convertido en un símbolo de la represión estatal y las violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta social. Su familia y los abogados buscan que el Estado ecuatoriano sea declarado responsable por estas violaciones y se establezcan medidas de reparación y garantías de no repetición.
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