La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó un amicus curiae (tercera parte interesada) en respuesta acción de protección planteada por la Defensoría del Pueblo de Bolívar y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Esta garantía constitucional pretende la reparación integral de las familias afectadas por el desvío del río Dulcepamba en la comunidad San Pablo de Amalí, en la provincia de Bolívar. Así lo informó hoy, 31 de enero de 2019, Pamela Chiriboga, asesora jurídico de Inredh.
La Defensoría del Pueblo de Bolívar y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) presentaron la mañana del viernes 25 de enero de 2019, una Acción de Protección solicitando la reparación integral de las familias de la comunidad San Pablo de Amalí que fueron afectadas por el desvío del Río Dulcepamba ejecutado por la compañía Hidroeléctrica Hidrotambo S.A.
Esta garantía constitucional fue planteada en contra de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el Ministerio del Ambiente (MAE), la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la Procuraduría General del Estado, la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGR), el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chillanes, así como en contra de la Compañía Hidroeléctrica Hidrotambo S.A
Tanto la Defensoría del Pueblo de Bolívar como Cedhu piden, bajo esta figura legal, que las entidades públicas competentes adopten de forma inmediata, todas las medidas administrativas y de políticas públicas para que se restablezca o corrija el desvío del río Dulcepamba; que se nombre una comisión para que se investigue los daños individuales, familiares y comunitarios, a nivel material e inmaterial, para las correspondientes indemnizaciones y otras medidas compensatorias; que se disponga las correspondientes sanciones administrativas a los funcionarios públicos que omitieron cumplir con el deber de control, prevención y protección a la Comunidad de San Pablo de Amalí.
«Además de pretender una reparación integral para la comunidad de San Pablo de Amalí, se busca que tanto la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A. por acción, como las instituciones públicas por omisión, se responsabilicen por las afectaciones y adopten medidas efectivas para prevenir futuras», dijo Pamela Chiriboga
Comuneros de San Pablo de Amalí, que han residido en la zona por más de 50 años, indicaron que nunca antes había ocurrido algo parecido a la inundación de 19 y 20 de marzo de 2015, donde se produjo el desbordamiento del Río Dulcepamba, a causa de su desviación por parte de Hidrotambo, ocasionando la muerte de tres personas, la destrucción de 12 casas, la pérdida de ganado, plantaciones, herramientas de trabajo, medios de transporte, entre otros. Además, el destrozo de la carretera que comunica a San Pablo de Amalí y la parroquia San José del Tambo, de la cual hasta el día de hoy los miembros de la comunidad no han podido sobreponerse.
Se prevé que la audiencia se desarrolle la próxima semana, aún no se recibe la notificación del juzgado donde se fija el día y la hora cuando se llevará a cabo.