COMUNICADO
Medios comunitarios, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, colectivos, redes de comunicación y comunicadores, comunicadoras, periodistas abajo firmantes ante la apertura del proceso público competitivo de adjudicación de 3.096 (tres mil noventa y seis) frecuencias de radio FM en todo Ecuador por parte de ARCOTEL, en medio de la pandemia por COVID-19, queremos expresar lo siguiente:
Antecedentes
– Las organizaciones, pueblos y medios comunitarios hemos esperado varios años la apertura de un proceso de adjudicación de frecuencias público y transparente que permita alcanzar la distribución equitativa de frecuencias y que garantice el acceso a nuevos medios comunitarios de organizaciones sociales y colectivos históricamente excluidos, como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación.
– El 15 de mayo de 2020 ARCOTEL convocó al proceso para la adjudicación de frecuencias de radio FM en todo Ecuador, en medio una de las peores crisis sanitarias, humanitarias y económicas, debido en parte a la pandemia de la COVID- 19, y además en año pre electoral. Condiciones que imposibilitan la participación equitativa de medios comunitarios de organizaciones sociales.
– El Estado de Excepción y Toque de Queda vigente en el país desde el 16 de marzo hasta el 16 de junio de 2020, implican restricciones específicas de movilidad y de comunicación desde comunidades alejadas de la centralidad, principalmente de los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes incluso se encuentran confinados en sus comunidades sin acceso a internet. Estas condiciones generan una limitación real para cumplir con todos los requisitos establecidos en el plazo determinado por ARCOTEL para la entrega de la documentación requerida hasta el 15 de junio.
Ante esto:
– Alertamos que organizaciones y colectivos que buscan participar por un medio comunitario no están en condiciones de conseguir recursos, reunir la documentación necesaria y menos entregarla en las fechas señaladas por la autoridad de telecomunicaciones. Por lo que, tan solo el contexto en el que surge la convocatoria y el plazo dispuesto para la entrega de la documentación, ya refleja un impedimento para la creación de nuevos medios comunitarios, y atenta contra el principio 12 de libertad de expresión de la Convención Americana.
– Que los estudios técnicos como requisito para participar de forma transparente en este proceso no podrán realizarse en territorios descentralizados, como los que habitan pueblos y nacionalidades indígenas, campesinos y pueblos afrodescendientes, ya que las y los ingenieros en telecomunicaciones, certificados para la realización de estos estudios, no se pueden movilizar entre estos territorios para realizar las mediciones y tomar los datos que requieren para el mencionado estudio, debido a las restricciones de movilidad dispuestas en el estado de excepción.
De igual manera, el ingreso a las comunidades está restringido, con el propósito de resguardar su salud y vida. Durante el último mes se han registrado varios contagios y muertes confirmadas y sospechosas por COVID-19, por lo que sus habitantes han adoptado protocolos como el aislamiento, esto significan que no salen del sector, pero tampoco ninguna persona entra. Complicando la labor de un profesional de telecomunicaciones para la realización de un estudio técnico con datos reales.
– Que, las organizaciones que buscan acceder a una frecuencia comunitaria, son sin fines de lucro, por lo que no disponen de los recursos económicos suficientes para cubrir inmediatamente los costos de elaboración de los estudios técnicos y planes de sostenibilidad, a la par, el país también enfrenta una profunda crisis económica, por lo que requiere de mayor tiempo para conseguir esos recursos.
– Que la fecha del 15 de junio, tampoco ofrece el tiempo suficiente para que los estudios requeridos se realicen de forma adecuada y para obtener documentación de oficinas pública, que no están atendiendo, o lo hacen de forma limitada. Simplemente las organizaciones no están en capacidad de cumplir con los requisitos en ese plazo.
– Que, no ha existido una debida socialización del proceso, ni de los requisitos, ni procedimientos del mismo. La convocatoria no se ha realizado en las lenguas de relación intercultural como el kichwa y el shuar reconocidos en la Constitución. Al hablar de medios comunitarios la institución de telecomunicaciones debe garantizar que la información llegue a todas las comunidades. En el contexto actual no se ha realizado de forma presencial, ni se implementó la socialización con un protocolo adecuado a la emergencia sanitaria.
– Que, en el presente proceso para la adjudicación, en ciudades como Quito y Guayaquil, el número de frecuencias de radio destinadas para el sector comunitario es 4 y 2 frecuencias respectivamente. La tenencia de la mayoría de estas frecuencias, están en manos de iglesias católicas y evangélicas, por lo que prácticamente se impide el acceso para organizaciones sociales, debido al desbalance en poder económico y político de estas instituciones, frente a las organizaciones de la sociedad civil. El método de distribución de las frecuencias en este proceso no ha sido debidamente socializado.
– Que este proceso para adjudicación de frecuencias se realice en año pre electoral, ya fue denunciado como una condicionante para posible uso político del espectro por la Contraloría General del Estado para dejar sin efecto el Concurso de Frecuencias convocado en 2016, durante el gobierno anterior. Se consideraba entonces, que la concesión de frecuencias podría prestarse para actos de corrupción y favores políticos. Hoy, cuando el mismo escenario se repite es necesario que las autoridades de control, revisen nuevamente este argumento.
Ante esto exigimos:
– La extensión del plazo del concurso de frecuencias. Llamamos a que las autoridades competentes reconsideren los tiempos de inicio y cierre de este proceso de adjudicación de frecuencias, principalmente el periodo de entrega de la documentación requerida para participar. ARCOTEL debe planificar este proceso tomando en cuenta la compleja situación del país. Debe realizar este proceso después de la emergencia nacional por la Pandemia de la COVID- 19, o al menos adecuado a la semaforización de los diferentes cantones del país.
– Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, institución encargada de protección de Derechos en el Ecuador, y a organismos internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a analizar este pedido de extensión de tiempo, y recomendar al Estado ecuatoriano adoptar medidas que garanticen los derechos de la población a acceder a la administración de frecuencias.
– Exigimos también que las políticas de telecomunicaciones permitan la participación plena de las organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades, a fin de lograr un proceso transparente y plural, tal como lo señala la Constitución, y lo recomiendan organismos como la Relatoría a la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
– Exigimos que la adjudicación de frecuencias sea un proceso que garantice la democratización de la comunicación, y permita una amplia Libertad de Expresión.
FIRMAN:
MEDIOS COMUNITARIOS Y ORGANIZACIONES DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
- Afrocomunicaciones (Quito/Esmeraldas – Ecuador)
- Asociación de productores audiovisuales Kichwas, APAK (Otavalo – Ecuador)
- Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios del Ecuador
- Fundación El Churo
- Radio Jatari Kichwa (Arajuno – Ecuador)
- Radio Kimsakocha (Cuenca – Ecuador)
- Radio Periférika
- Red de Medios Infórmate Pueblo
- Wambra Medio Digital Comunitario
ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS
- Amazon Frontlines
- Amazon Watch
- Asociación Asiris (Ibarra- Ecuador)
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE
- Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH
- Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU
- Coordinadora Nacional contra el abuso sexual a niños, COCASEN
- Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos
- Efecto Latam (Guayaquil- Ecuador)
- Fundación Dignidad
- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH (Quito- Ecuador)
- Fundación Surkuna (Quito- Ecuador)
- Kuska Estudio Jurídico
- Mujeres de Frente
- Mujeres de Asfalto (Esmeraldas, Guayaquil- Ecuador)
- Observatorio de Servicios Públicos (Guayaquil- Ecuador)
- Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador, OMASNE
Contacto de prensa y más información: coordinacion@elchuro.org / 0984693686