Alerta: Fiscal recibirá versiones dentro de la indagación por intimidación a un defensor de derechos humanos, luego de nueve meses de presentarse la denuncia

Para mañana, jueves 24 de junio de 2021, la Fiscalía de San Vicente llama a rendir versiones a ocho personas dentro de la investigación previa iniciada por el presunto delito de intimidación a Luis Ayala, presidente de la Directiva Urbanización Canoa Miduvi y defensor del agua. En el impulso fiscal que determina las versiones, el fiscal ordena al propio denunciante notificar a todas las personas de esta diligencia, incluyendo las que le amenazaban.
 
En octubre de 2020, en acompañamiento de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), logró ingresar su denuncia por intimidación, dado que a partir de su lucha a favor de los derechos de los habitantes de la parroquia rural, comenzó el hostigamiento.
 
Luis Ayala, como presidente de la urbanización Miduvi de Canoa, un sector donde viven aproximadamente 105 familias, empezó la lucha para tener acceso al agua, pero, desde el inicio, familiares de las autoridades municipales y empleados de la empresa de agua potable lo amenazaron. “Hice uso de mi derecho a la manifestación pacífica en una pared, con un cartel reclamando, en forma educada, el derecho al agua” dice Luis Ayala. Sin embargo, autoridades municipales y un empleado de la EMAAP lo habrían increpado y retiraron sus carteles de exigencia.
Pero estos intentos de agresiones no son los únicos que ha recibido. En septiembre de 2020, fue agredido verbalmente y amenazado por un concejal del Cantón San Vicente. Este episodio de intimidación fue captado por un medio de comunicación local. Luego, continuaron las amenazas físicas e incluso a través de redes sociales, profiriendo insultos y frases discriminatorias.
“También, a través de terceros me han advertido que quieren hacerme daño, que tenga cuidado y que esté alerta a posibles ataques en mi contra, lo que me ha obligado a tomar medidas de precaución para salvaguardar mi integridad tales como irme de mi casa por periodos y pasar la mayoría de tiempo a las afueras de Canoa”, comenta Ayala.
Luis Ayala decidió denunciar en la Fiscalía estos hechos; sin embargo, esta dependencia no quiso receptar la denuncia en, al menos, tres ocasiones. Cuando se aceptó, e inició la investigación previa, hubo un llamado a rendir versiones en enero del año en curso, no obstante, al acudir a la diligencia se nos dijo que el fiscal responsable del caso se encontraba de vacaciones y que el fiscal encargado desconocía del proceso, se encontraba en Chone, por lo que no llegó al lugar.
Posteriormente, no se realizaron diligencias propias de una investigación. Se volvió a llamar a versiones en dos ocasiones a Luis Ayala, defensor de derechos humanos, víctima de intimidación y hostigamientos; sin embargo, al momento de llevarse a cabo, el Fiscal y su secretario le comunicaron al Sr. Ayala y a las abogadas de Inredh, encargadas del caso, que no se iban a dar la diligencia porque el fiscal estaba de vacaciones y el fiscal encargado tenía audiencias que preparar.
Ahora, el Fiscal de San Vicente llama a 8 versiones, pedidas hace más de 8 meses, inmediatamente después de interpuesta una queja en la Dirección de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía General del Estado por las irregularidades encontradas en la investigación.
La intimidación lejos de mermar ha empeorado, causándole un constante estado de alerta y temor por su integridad. “No siento que desde las instancias pertinentes se esté actuando de manera diligente para garantizar mis derechos. Es clara la falta de acción, lo que ha provocado que se violen los principios de celeridad, eficacia, debido proceso por lo que, en el caso de que continúe, tomaré junto a mis abogados las debidas medidas a nivel administrativo”, explica Ayala.
 
Recordamos al Estado ecuatoriano, especialmente a la Fiscalía, que sus obligaciones son las de investigar de forma oportuna, objetiva e imparcial, garantizar no solo el debido proceso dentro de la investigación, sino además garantizar otros derechos constitucionales. La obligación de notificar es de Fiscalía en conjunto con la Policía, por lo que no se debe trasladar esta responsabilidad al denunciante, mucho menos la obligación de notificar a las personas que están siendo denunciadas por cometer el presunto delito de intimidación porque implicaría revictimizar y ponerlo en riesgo nuevamente. Además, se identifican otras irregularidades en este llamado a versiones que han sido puestas en conocimiento de la Dirección de Transparencia en la Gestión.
 
En julio de 2020, en medio de la emergencia sanitaria, Luis Ayala, presidente de la Directiva Urbanización Canoa Miduvi, en acompañamiento de algunos moradores presentaron una acción de protección con medidas cautelares en contra de la Alcaldía de San Vicente de la provincia de Manabí y de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable de los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre, y Tosagua – EMMAP-EP, debido a la vulneración de los derechos al agua, la salud, la alimentación y la vida digna. La garantía constitucional fue concedida en primera instancia y ratificada en segunda. Sin embargo, su cumplimiento ha sido parcial.
 
Finalmente, como Fundación Inredh ratificamos nuestro rechazo a estas irregularidades y exhortamos a la Fiscalía General del Estado que garantice el debido proceso en la investigación, responda a sus competencias y las cumpla desde el enfoque de derechos humanos y considerando que Luis Ayala es un defensor de derechos humanos que recibe amenazas por parte de funcionarios públicos. Esperamos además que el Fiscal actúe de forma imparcial y objetiva en la toma de versiones, y de ninguna forma en detrimento de Luis Ayala o de sus abogadas, por la queja interpuesta en la Dirección de Transparencia.