Está conformada por las organizaciones: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad. En su momento también estuvo el Observatorio de Derechos y Justicia.
Durante toda la semana, una multiplicidad de abogadas y abogados defensores de derechos humanos de las organizaciones, equipos de comunicación y otros personas voluntarias han registrado y verificado varias violaciones a derechos humanos que actualmente comete el Estado Ecuatoriano y ha emitido, al momento, un total de 5 alertas y un informe de situación de derechos humanos, que listamos a continuación.
Hemos adoptado una metodología de acopio de reportes y verificación de información, antes de emitir el informe y las alertas de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el contexto de conflictividad social provocada por el gobierno nacional a partir del anuncio de las medidas económicas de 1 de octubre de 2019, el inicio del Paro de Transportistas y la respuesta del gobierno al emitir el Estado de Excepción el 3 de octubre y el agravamiento de la situación con el inicio del toque de queda parcial el 8 de octubre, que rige desde las 20:00 hasta las 5:00 del siguiente día.
2. Alerta de Derechos Humanos 1 – Detención Irregular de 83 personas [9 de octubre]
4. Alerta de Derechos Humanos 3 – Fallecidos durante el Paro Nacional en Ecuador [10 de octubre]
Alertamos que los dos dictámenes de la Corte Constitucional que declararon la constitucionalidad de los Decretos Ejecutivos No. 884 y 888 Por los que se emitió tanto del Estado de Excepción como el detalle de medidas aplicarse, incluido el toque de queda, constituyen el contexto propicio en el que el Estado Ecuatoriano está cometiendo estas y otras graves violaciones a derechos humanos, las cuales han sido observadas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por el Sistema Universa de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, así como varios organismos nacionales e internacionales.
Consideramos que este modo de actuar del gobierno, a través de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas no propicia un entorno seguro y de buena fe para consolidar un verdadero diálogo con los actores sociales movilizados, todo lo contrario, impide avizorar una salida inmediata a la alta conflictiva social que hemos visto en estos días.
Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo de registro, pese a los intentos por obstaculizarlo, y seguiremos evidenciando las posibles nuevas violaciones a derechos humanos que ocurran en estos días, hechos que deben ser adecuadamente investigados, sus responsables sancionados y las víctimas reparadas integralmente.
Exigimos también que se garantice el acceso a la información publica y oficial en todas las instituciones del Estado, en especial en relación a personas heridas, fallecidas, desaparecidas y detenidas y en general con el ejercicio de derechos humanos.
Exhortamos a la Corte Constitucional a que, en base a todos los hechos que son de conocimiento público y que hemos informado a través de nuestras alertas, declare inconstitucional el Estado de Excepción por las graves violaciones a derechos humanos.