Hoy, 17 de septiembre de 2020, se cumple seis años de los actos de tortura cometidos en contra de Ángelo Ayol Barros, menor de edad, detenido ilegalmente, golpeado y torturado el pasado 17 de septiembre de 2014, cuando salía de clases del Colegio Mejía.
Ese día, Ángelo, de 17 años y estudiante de cuarto curso, estaba en clases cuando escuchó gritos y silbidos en los exteriores del centro educativo, ubicado en la calle Antonio Ante y Luis Vargas Torres, centro de Quito. Ese día, las clases finalizaron a las siete de la noche por las protestas sociales que se desarrollaban en contra del gobierno. Ángelo junto a dos amigos salieron del establecimiento por la puerta de atrás, calle Venezuela y Matovelle, pero dicha calle estaba cerrada por miembros de la Policía Nacional, entonces los menores de edad se dirigieron para la calle Vargas y Ante. En la calle Vargas, Ángelo se despide de sus amigos y continúa solo. De pronto observa que viene hacia él una embestida policial de efectivos a pie y a motocicletas. Ángelo siente miedo, se da media vuelta e intenta correr, pero siente un golpe que lo lleva al piso donde es atropellado por las motocicletas, golpeado y posteriormente aprehendido. Lo suben a la moto y lo sientan en medio de dos agentes policiales que lo golpean, uno con el casco por la parte de adelante y el otro, en los costados con puñetes, por la parte posterior.
Ángelo se desmaya y se despierta en el piso de un cuarto, solo, sangrando y esposado. Mucho después se enteraría que se encontraba en la Unidad de la Policía Comunitaria (UPC) de La Basílica, en el centro histórico de Quito. El joven al despertarse ve a dos policías que se habían sacado el casco. Al percatarse que Ángelo está despierto lo patean en la cara y cuello, le clavan un esfero en su cráneo. Siente su saliva con tierra y un diente roto. Le lanzan gas pimienta, y no puede ver más por algunas horas.
Los policías se van, pero al poco tiempo traen a otro detenido en el mismo cuarto y los golpean a los dos. Ángelo ya no ve nada ni sabe por qué está detenido. Alguien le quita su celular. En el tiempo que se encuentra detenido ilegalmente en la UPC es amenazado, insultado y torturado.
Horas más tarde, ingresan a ocho personas detenidas junto a Ángelo. Él recupera de a poco la visión y luego, los empiezan a sacar de la UPC de uno en uno para subirlos a un patrullero. Los trasladaron a la Unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía, en la avenida Patria y 9 de Octubre, de la ciudad de Quito. En ese lugar se encuentran otros detenidos y uno le ofrece un celular y Ángelo se comunica con su madre. Él estaba herido y lo llevaron ante el médico de flagrancias. El galeno al verlo señala que no puede atenderlo por su estado grave y ordena su traslado a un hospital.
En el Hospital Eugenio Espejo, el doctor determinó que Ángelo tenía un cuadro de traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo, producto de la cantidad de golpes que recibió. Además, precisó que existen heridas profundas en la cabeza de los pinchazos del esferográfico que lo proporcionaron.
Por estos hechos, el 2 de julio de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha de forma unánime declaró culpable al subteniente de la Policía Nacional, David Altamirano, y al cabo Freddy Fonseca por el delito de tortura por acción y omisión, con una pena de 10 y 5 años de privación de libertad correspondientemente.
Dos años después, la sentencia aún no se cumple y se encuentra en la fase de casación en la Corte Nacional de Justicia. Para Alicia Barros, madre de Ángelo, todavía no hay justicia por los hechos ocurridos a su hijo. “Seis años después y todavía no tenemos justicia, es una decepción que la justicia sea lenta y tardía –dice Barros-. Quisiéramos cerrar el caso con la sentencia, pero todavía ésta no se ha cumplido. Esperemos que los jueces de la Corte Nacional de Justicia ratifiquen la sentencia de la Corte Provincial y rechacen el recurso de casación presentado por los policías. Nos preocupa que sigan trabajando como agentes del Estado los policías que torturaron a mi hijo”.
Mientras espera la audiencia donde se analizará el recurso de casación, Alicia comenta que su familia aún presenta afectaciones psicológicas por los hechos de tortura que vivió Ángelo, pues tienen sentimientos encontrados cuando se encuentran con un policía. “No sé si es odio, miedo, no puedo definir qué sentimos – dice Barros-, pero no queremos verlos, no los vemos como personas que nos van a defender, nos sentimos en riesgo”. Además, de estas secuelas, Alicia explica que Ángelo aunque ha retomado su vida, concluyó con sus estudios en un colegio a distancia y ahora se dedica al tatuaje y a dar clases de música, aún presenta problemas físicos producto de los golpes que recibió por los agentes estatales.
Alicia, dice que seguirá luchando para que los hechos no queden impunes y para que ninguna persona vuelva hacer torturada, golpeada por la Policía. Además, no descarta acudir a organismos internacionales si en el país no tiene justicia. “Si no tenemos justicia aquí, acudiremos a cortes internacionales, aunque se me vaya la vida seguiré luchando para encontrar justicia, sé que el alguna parte del mundo alguien me va escuchar y se hará justicia”.
Para Pamela Chiriboga, abogada del caso y coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), es importante destacar la falta de celeridad en el caso. Los recursos de casación fueron presentados en agosto del 2019, y la admisión a los mismos, recién fue notificada un año después el 28 de julio del 2020. Si bien conocemos la carga de trabajo de la Corte Nacional, el COIP determina en el Art. 657 que, una vez designado el Tribunal que conocerá por sorteo, se convocará a audiencia en el plazo de 3 días. En el caso concreto, pasó casi 365 días para solo admitir el recurso y hasta ahora no se ha convocado a la audiencia.
Alicia Barros y Bolívar Ayol con el equipo jurídico de Inredh en los exteriores de la Corte Provincial de Pichincha. Foto: archivo Inredh
Luego de 6 años, un caso de tortura a un menor de edad a manos de la Policía Nacional sigue en la impunidad, lo que nos preocupa no solo por las víctimas que aún no son reparadas de forma integral por los daños, sino además porque los miembros de la policía declarados culpables por este delito en dos instancias, siguen realizando su trabajo en las filas de esta institución, lo que significa una alta probabilidad de repetición de los hechos, cuestión que el Estado ecuatoriano no debería permitir.
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