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Fiscalía no recepta denuncia de dirigente de Canoa

Por Yuli Gaona
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El día de ayer, 22 de junio del 2020, el presidente de la Urbanización MIDUVI de Canoa, Luis Ayala, acudió a la Fiscalía de San Vicente en la provincia de Manabí para buscar medidas de protección adecuadas a raíz de las amenazas recibidas en contra de su integridad física. Sin embargo, al llegar a esta institución, se le negó el acceso a éstas medidas al no haber secretario, el cual está a la espera de designación por parte de la autoridad en Portoviejo. Por lo que no tuvo atención alguna.

El día 17 de mayo del 2020, a las 15h52, se elaboró el parte policial de la Dirección Nacional Preventiva Comunitaria, en la parroquia de Canoa en la provincia de Manabí, suscitado a través de una alerta del 911. Según lo relatado en este parte, el policía acudió al lugar de los hechos en donde se encontraba Luis Ayala, quien estaba “donando agua potable a varias casas de dicha ciudadela, y es allí que un ciudadano le sale con un arma blanca (machete), que por qué a la casa de él no le da agua, por lo que se explicó que ya se había terminado”. Además,  en ese momento Luis Ayala no solo estaba donando agua sino también colocaba carteles y visibiliza la problemática de Canoa, incluso en ese instante de intento de agresión estaba presente un concejal; no obstante, cuando la policía llegó, la persona portadora del machete ya no se encontraba en el lugar de los hechos.
Una semana después del altercado, Luis Ayala se acercó a la Fiscalía a poner una denuncia; sin embargo, ésta no fue receptada debido a la falta de atención de esta institución. En una segunda ocasión, al enterarse de que el parte policial no lo tenía la Fiscalía, preguntó y le dijeron desde la Policía que ya lo iban a enviar. Esto sucedió por una ocasión más, lo que produjo que por tres semanas consecutivas no haya tenido una respuesta efectiva por parte de la Fiscalía para comenzar con las investigaciones pertinentes por la amenaza.
A pesar de que no lo enviaron directamente las autoridades policiales, como es el procedimiento adecuado, el ciudadano llevó la copia del parte policial a la Fiscalía, quienes le respondieron que regresara en una semana más para la boleta de citación y para la extensión de una boleta de auxilio.
Sin embargo, no fue posible continuar con la denuncia. Ayer, Luis Ayala al hablar con el fiscal directamente recibió como respuesta que al no contar con un secretario no se podía realizar ninguna de las gestiones pendientes. “Ha pasado más de un mes de la noticia de la amenaza del machete y no existe ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes ni el inicio de una investigación de lo sucedido”, explica Ayala.
Además, cabe mencionar que estos intentos de agresiones no son los únicos que ha recibido el dirigente. También, a través de terceros se le han advertido que quieren hacerle daño, que tenga cuidado y que esté alerta a posibles ataques en su contra, lo que lo ha obligado a tomar medidas de precaución para salvaguardar su integridad.
Acceso al agua
Tampoco existe una respuesta oportuna por la situación de Canoa y sus ciudadelas, como el Manzanillo, Briceño, entre muchas otras, acerca del acceso al agua y a la alimentación. El agua potable sigue llegando a los moradores tan solo por tanqueros privados de los que depende el precio de agua, incluso cuando la Constitución prohíbe toda forma de privatización del agua.

En el sector de El Manzanillo, los pobladores se ven obligados a comprar el agua a tanqueros privados. Foto: Cortesía de Diana Blaschke

Esta situación se empeora por la pandemia no solo por la falta de trabajo y dinero para poder pagar los botellones sino, además, porque la necesidad de agua potable para las medidas de bioseguridad que eviten más contagios en estos lugares.
A pesar de los plantones, los reportajes y las insistencias de los ciudadanos, el Municipio de San Vicente, cuya alcaldesa es Rossana Cevallos, no han dado respuestas efectivas.
Recordemos que, de acuerdo con el Art. 66 numeral 2 de la Constitución, se reconoce y se debe garantizar a los ciudadanos el derecho a “una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo (…)” y que la autoridad competente para prestar los servicios públicos de agua potable son los gobiernos municipales, cuya competencia es exclusiva en esta materia, de conformidad al Art. 264 de la Constitución.
Los derechos constitucionales se encuentran interconectados y la vulneración de uno, implica la vulneración de un conjunto. La falta de acceso al agua, que es vital para la existencia de los seres humanos, es una violación que implica, además, la afectación al derecho a la vida y a la vida digna, así como a la alimentación, salud e integridad física y psicológica, entre otros.

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