Siete eventos paralelos se desarrollan en el marco de la 67° Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU, donde se analiza a nivel global los desafíos de derechos humanos en la política de drogas. Este jueves, 21 de marzo de 2024, se desarrolló el evento “La guerra contras las drogas” y la militarización de control de drogas, el cual contó con la participación de 20 organizaciones de DDHH, incluida la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).
En este evento, organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representantes de países de América Latina y Asia observaron que el slogan antidrogas expuesto por los Estados ha servido como propaganda política que legitima estrategias militares como, los reiterativos estados de excepción, los cuales se fundamentan en políticas prohibicionistas y punitivas para combatir el crimen organizado y la violencia derivada del narcotráfico, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo.
Otro punto focal evidenció que la “guerra contra las drogas” ha sido liderada intensamente por Estados Unidos, como respuesta a su fracaso de acabar con los mercados ilegales de droga. Dinámica que únicamente ha alimentado al crimen organizado, las muertes violentas, la corrupción y ha duplicado la represión hacía las personas consumidoras, siendo los civiles su principal víctima.
Respecto a Ecuador, – expuso, Ingrid García Minda, directora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)-, que se identificaron cuatro puntos clave que entretejen la crisis actual:
- El canje de droga como modelo de negocio: Debido al control de las transacciones bancarias, la remuneración del narcotráfico ha sido intercambiada por droga. Lo que ha significado mayor disponibilidad de droga en el territorio; de allí la disputa territorial para monetizar la droga recibida.
- Implementación de la política de recompensas para la policía nacional: Desde el 2013, con apoyo de Estados Unidos, se implementan incentivos por incautación de droga y captura de narcotraficantes; lo que lleva a la policía a negociar con grupos delincuenciales a cambios de privilegios, incluso dentro de las cárceles. Provocando masacres de retaliación por las develaciones, lo que incrementó las olas de violencia.
- Desmantelamiento del Estado y sus instituciones: Desde el gobierno de Lenin Moreno se redujo la inversión estatal como parte de los acuerdos con el FMI. Desmantelamiento que favoreció la penetración del crimen organizado.
- La reducción del consumo de cocaína: Los territorios dominados evidencian un bajo consumo de la cocaína debido a la aparición del fentanilo en Europa y Estados Unidos. Situación económica que se compensa con secuestro y extorsión “vacunas”.
El mercado ilegal en Ecuador “ya no se configura en carteles o capos ostentosos; si no en manos invisibles infiltradas en instituciones y agencias de control. Es decir, el capital económico, hace inmersión en lo político, social y hasta en el control estatal para lavar el dinero”, sostuvo la directora ejecutiva de Inredh, Ingrid García, quien recalcó que, frente a las denuncias de vulneración de DDHH, la postura del gobierno ha sido tildar a las organizaciones de “anti-patrias”.
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