Asfadec e Inredh participan en reunión de seguimiento con Fiscalía sobre protocolo de búsqueda e investigación en casos de personas desaparecidas

La mañana del 02 de agosto del 2021, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), fueron recibidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) en una reunión que tenía como objetivo trazar el seguimiento de las acciones del Estado frente a la implementación de la Ley de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas, el protocolo de la misma y el proceso de control jurídico de varios casos particulares. 
Las organizaciones de la sociedad civil fueron recibidas por Daniel Véjar Sánchez, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana (anterior Dirección de la Comisión de la Verdad), Ximena Coello, directora de Política Criminal, Patricia Andrade, directora de Control Jurídico e Ivan Garzón del mismo despacho.
El punto central de este encuentro fue comunicar el estado del protocolo interinstitucional propuesto por Fiscalía, que responde al cumplimiento del reglamento de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Este protocolo será validado por otras carteras del Estado como Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno y GADS. 
Este protocolo, precisa Coello, garantizará el accionar de las instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), las administraciones municipales y la Secretaría de Derechos Humanos para el levantamiento de perfiles genéticos en casos de personas encontradas sin nombres registrados o familiares referentes. 
Además, también se informó acerca de las mesas de validación mensuales de las cifras de personas desaparecidas  con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), lo cual permitiría unificar la información de varias instituciones públicas y que el Estado maneje cifras reales. Y una vez validadas las cifras de los casos con INEC, las demás instituciones del estado podrán buscar las causas estructurales de la desaparición de personas en Ecuador. 
Sin embargo, el protocolo ya está construido, esperando a la entrada en funcionamiento de la reunión del Comité Directivo de las instituciones del Estado para su aprobación. Esta premura se debe, según Coello y Véjar, a la necesidad de activar el Comité Directivo y que de esa manera los casos de desaparición sean denunciados como delitos y que los funcionarios puedan tomar acciones en los primeros 72 horas de la desaparición de una persona.
Por parte de Asfadec e Inredh existió un malestar al enterarse que el protocolo ya está listo, sin una debida socialización previa con las organizaciones de la sociedad civil. “Esto ya ocurrió con el reglamento y producto de eso hay serias contradicciones entre el proyecto de ley de desaparecidos y su reglamento”, indicó Pamela Chiriboga, abogada de Inredh . 
Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, criticó que no existe una comunicación adecuada con las organizaciones civiles, lo que produce desconfianza en la efectividad de la comunicación interna de las instituciones del Estado. Además, enfatizó que a los familiares, colectivos y sociedad civil se les imponen las decisiones y no existe una construcción conjunta del protocolo. “Socializar es recoger las observaciones y experiencias de la gente. Sin embargo, nos damos cuenta que para ellos socializar significa imponer, de forma que siempre quedaremos afuera de todo”, agregó Rueda.
En ese sentido, Véjar aseguró que se ha tenido en cuenta estos detalles particulares para la elaboración del protocolo, tanto el trato a familiares como la actuaciones de fiscales. A esto, la funcionaria de la Fiscalía, agregó que en la institución se está implementando una política criminal que permitiría evaluar, medir y modificar el protocolo en los siguientes meses, en caso de que existan inconsistencias. 
Por otra parte, también se habló sobre la necesidad de capacitar a fiscales, no solo en materia técnica de derechos sino también en el trato a las familias de personas desaparecidas. Véjar respondió que se han realizado ocho capacitaciones desde el 2016. “Se tendrá en cuenta, a través del mecanismo de transparencia de la Fiscalía, la participación de los familiares en la construcción de empatía y sensibilización con los funcionarios”.
Desde Control Juridico, Patricia Andrade mencionó que, en concordancia con el compromiso de la Fiscal General Diana Salazar, se han identificado el estado de  casos en los cuales existen impulsos fiscales y en otros no. Se trataron algunos como los de Camilo Tobar, Luis Sigcho, Michelle Montengro, Giovanna Pérez, Alex Smith Muñoz, Telmo Pacheco, Alexander Romo Basantes, Leonor Ramirez, Álvaro Nazareno, Carolina Garzón. s.
Este departamento se comprometió a verificar la información de los casos y, de existir irregularidades, solicitar al Consejo de la Judicatura la revisión del actuar de los fiscales, que podría terminar en una sanción disciplinaria, archivo o seguimiento del caso. 
Como organizaciones de sociedad civil expresamos nuestra preocupación respecto a que el análisis de casos se haga desde una perspectiva cuantitativa y no se tome en cuenta las particularidades específicas. Además, creemos pertinente que se nos permita participar de la creación del Manual de Técnicas Investigativas que trabajará la Comisión de Estudios Penales para fortalecer el protocolo antes mencionado.