Tras dos días de audiencia, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha conformado por los jueces Milton Maroto Sánchez, María Suarez Tapia y Edmundo Samaniego Luna escucharon a 26 testigos: familiares y peritos, en la audiencia de juzgamiento por el delito de tortura cometido en contra del ex estudiante del Colegio Mejía, Angelo Ayol.
El 17 de septiembre de 2014, el joven menor de edad, en ese entonces, tras salir de clases fue detenido ilegalmente y traslado a la Unidad de Policía Comunitaria de La Basílica. Ahí, varios miembros de la Policía Nacional que se encontraban en el lugar por las protestas sociales desarrolladas en el sector, golpearon y torturaron al joven.
A las 08:45 de este jueves, 21 de junio de 2018, se reinstaló el segundo día de audiencia de juzgamiento en la sala 208, del Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito. El primer en comparecer ante el Tribunal fue el testigo 19, Italo Rojas, psicólogo forense de la Fiscalía General del Estado.
Rojas en su informe pericial, dijo a los jueces que se determinó que el joven Ayol tras los hechos ocurridos el 17 de septiembre sufrió una crisis de angustia de gran intensidad y estrés agudo, lo que le causó un daño moral y psicológico. Además, le generó un miedo intenso a los policías y agentes del Estado.
Otro de los testigos fue el doctor que atendió al menor en el Hospital Eugenio Espejo. Él dijo a los magistrados que el joven presentaba laceraciones en su cuerpo, hematomas y un cuadro de politraumatismo.
Además, de la presentación de testigos, la Fiscalía presentó 7 pruebas documentales, entre ellas: una copia de la bitácora de las novedades ocurridas en la Unidad Policial el 17 y 18 de septiembre y el informe del Director de Operaciones.
Tras escuchar la testificación de 8 personas, el Tribunal suspendió la audiencia debido a la presencia de otras diligencias. Esta se reinstalará el 2 de julio de 2018, a las 14:30 para escuchar los 3 testigos faltantes de la defensa de los dos policías procesados y sus testimonios.
Para Daniel Véjar, asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y uno de los abogados del caso, el Tribunal debe analice las pruebas de forma imparcial e independiente.
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