Estamos presenciando un aumento alarmante en las vulneraciones a los derechos humanos en Ecuador, estas transgresiones reflejan un preocupante patrón por parte de las instituciones estatales y del Gobierno ecuatoriano, que buscan silenciar las voces críticas y, en especial, de mujeres que denuncian la violencia sistémica y el abuso de poder en los ámbitos político, económico, académico y de cualquier otro espacio de toma de decisiones.
En nuestra sociedad, la defensa de los derechos humanos y el cuestionamiento político en las voces de mujeres es frecuentemente tergiversada al presentarla como un ataque a quienes ostentan un poder y se afanan en ocultar la existencia de un poder misógino tras sus acciones. Sin embargo, es fundamental que la ciudadanía ecuatoriana comprenda que la vulneración de derechos de una mujer no solo las afecta directamente, sino que establece precedentes peligrosos que eventualmente pueden impactar a toda la población.
Desde una perspectiva crítica y reflexiva, reconocemos que el poder tiende a incomodarse frente a las voces que cuestionan sus prácticas y, en respuesta, emplea herramientas institucionales y legales para reprimirlas. Esto se evidencia en el uso indebido de instrumentos jurídicos y el abuso de las instituciones públicas, configurando un entorno de intimidación y desigualdad que profundiza las brechas estructurales de género y perpetúa formas de opresión.
Uno de los casos de este patrón es el de Dolores Miño, quien ha sido denunciada por la máxima autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social debido a una interacción personal en redes sociales. Este hecho ilustra un uso desproporcionado del poder estatal, donde una autoridad destina recursos institucionales para intimidar a una mujer activista y defensora de derechos humanos.
Asimismo, observamos con preocupación la situación de Cristina Burneo, mujer activista transfeminista y académica a quien se le ha restringido la libertad de cátedra en una institución de educación superior de posgrado, que se preciaba de ser alternativa y progresista, por expresar sus posturas y ejercer su profesión desde una perspectiva crítica en el ámbito de género y que ahora, incluso ha sido despedida. Esto no solo vulnera sus derechos laborales y académicos, sino que sienta un precedente de censura y arbitrariedad en espacios que deberían ser garantes del debate libre, plural e interseccional.
De igual manera, nos preocupa el sistemático silencio de autoridades universitarias masculinas ante la constante denuncia de acoso sexual en sus espacios y, contrariando principios éticos, protegen a los docentes denunciados y estigmatizan a las mujeres denunciantes.
Vemos que estos casos de silenciamiento y persecución a las mujeres con voces críticas se reproducen en la sociedad porque se mira como ejemplo la conducta de las máximas autoridades gubernamentales, como la persecución a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, acusada de traición a la patria, o los obstáculos impuestos a la vicepresidenta electa Verónica Abad para ejercer sus derechos democráticos. O el caso de la periodista Alondra Santiago que fue expulsada del país basándose en pseudo sentimiento cívico. Estos casos demuestran un patrón sistemático de violencia política que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
Desde INREDH, denunciamos este preocupante fenómeno que busca silenciar las voces de mujeres que desafían las estructuras de poder; reconocemos que estas acciones representan una forma de violencia política de género que se mimetizan con otras formas de discriminación, consolidando desigualdades estructurales históricas, como la lucha de las mujeres por la igualdad y el respeto a sus derechos. Estos hechos refuerzan la necesidad de continuar exigiendo condiciones justas, democráticas y equitativas en todos los espacios de la sociedad.
Hacemos un llamado a la ciudadanía, a las entidades internacionales de derechos humanos, al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y a la Defensoría del Pueblo a mantenerse vigilantes ante este contexto de violencia institucional. Es imperativo que estas entidades asuman un rol activo en la denuncia y erradicación de estas prácticas que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres. Asimismo, instamos a la solidaridad con aquellas mujeres que enfrentan el poder desde una posición de resistencia y dignidad, defendiendo con valentía sus derechos y las de todas.
Quito, 12 de diciembre de 2024
Verónica Yuquilema Yupangui Ingrid García Minda
Presidenta INREDH Coordinadora Ejecutiva INREDH