La Fiscalía General del Estado notificó el cambio de la fiscal a cargo de la investigación sobre la muerte del fotoperiodista chileno, Julio García, ocurrido el pasado 19 de abril de 2005, en el centro histórico de Quito, cuando se desarrollaban las protestas sociales en contra del gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez.
La remoción de la fiscal de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, Teresa Coba, ocurre cuando se tenía previsto una serie de versiones a autoridades que pudieran dar la orden el día de la protesta social y a pocos días de cumplirse 15 años de la muerte del fotógrafo chileno. Ese 19 de abril, Julio salió con su cámara fotográfica a registrar la protesta de los denominados “Forajidos” en contra del gobierno de turno y la Policía los reprimió con una lluvia de bombas lacrimógenas lo cual asfixió y causó la muerte del fotógrafo.
«El Julio estaba con su cámara esa noche y cuando él se asfixió – dice Rosario Parra, esposa de Julio- fue porque estaban sacando a unos niños indigentes que estaban tras las rejas de San Agustín durmiendo y se estaban ahogando”.
Para Michelle Erazo, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada del caso, el cambio de fiscal pone en riesgo la investigación y la obtención de justicia para las víctimas, ya que significa un retroceso para conocer a los responsables de los hechos. Además, la abogada precisa que la rotación de fiscales es contrario a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales sobre el derecho a verdad, justicia y no impunidad.
“El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recomendado que no se cambie los agentes fiscales, porque retrasa las investigaciones judiciales, el esclarecimiento de la verdad y la sanción a los responsables, vulnerando gravemente los derechos de las víctimas”.
El caso Julio García es uno de los 68 casos de ejecución extrajudicial que se encuentran registrados en el Informe de la Comisión de la Verdad publicado en el 2010. En el informe están los casos sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1984 a 2008 a nivel nacional.
Como se denunció en el 173 Periodo de Sesiones de audiencias públicas ante CIDH, esto nuevamente da cuenta de la falta de garantía de acceso al derecho a la justicia que constituye una obligación que recae sobre el Estado con el fin de investigar, juzgar y condenar con penas adecuadas a los responsables de las conductas delictivas y evitar la impunidad.
Recordamos al Estado ecuatoriano, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la obligación de investigación debe ser emprendida con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Además, la investigación debe cumplir con los estándares de debida diligencia en cuanto a celeridad, actividades en función del tipo de delito, sin la exclusión de la participación en las investigaciones de funcionarios pertenecientes a las estructuras que estuvieron involucradas.