Carta abierta sobre la situación de Sarayaku

CARTA ABIERTA

Quito, 29 de abril de 2014

Compañeras y compañeros del Pueblo Kichwa Originario de Sarayaku

Economista

Rafael Correa

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Dra.

Gabriela Rivadeneira

Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador

Dra.

Ledy Zúñiga

Ministra de Justicia

Dr.

Gustavo Jalk

Presidente del Consejo de la Judicatura

Dr.

Carlos Ramírez Romero

Presidente de la Corte Nacional de Justicia

Dra.

Lucy Blacio Pereira

Jueza de la Corte Nacional de Justicia

Srs.

Cléver Jiménez

Carlos Figueroa

Fernando Villavicencio

En la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, vemos con suma preocupación el matiz que está tomando el denominado Caso Ji
ménez, luego de que el VII Congreso del Pueblo Kichwa Originario de Sarayaku decidiera garantizar la protección a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, condenados por la Corte Nacional de Justicia y, a la vez, beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Entendemos que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH no revierten la sentencia dada por la jueza Lucy Blacio, de la Corte Nacional de Justicia, en contra  a las personas mencionadas; sino que pide su suspensión hasta que ésta sea revisada por la CIDH y se compruebe la convencionalidad de lo actuado por la jueza del caso que, en caso de ser así, se debería cumplir, y, en el caso de que no lo sea, se deberá revertirla o declararla nula.

No queremos profundizar sobre los temas que se debaten para valorar la sentencia emitida, esto será tarea de la CIDH y de los equipos jurídicos de las partes involucradas; lo que deseamos es sugerir una fórmula para resolver este caso sin que se afecte a otras personas, ni se atente contra la seguridad e integridad de un pueblo; pues, las amenazas de incursiones militares y los actos de provocación con el sobrevuelo de helicópteros y aviones de combate sobre Sarayaku, solo provocará que este pueblo se prepare para defender su territorio y sus decisiones, como ya lo ha demostrado en anteriores ocasiones.

En este momento no es aceptable que las partes mantengan posiciones radicales, pues ni la posición del Presidente, que aduce ser agraviado; ni la posición de las personas sentenciadas, que aducen inocencia, son razones para poner en riesgo a un pueblo que, de forma colectiva han decidido proteger a las personas sentenciadas, argumentando la existencia de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Con estos antecedentes, y en aras de evitar mayores confrontaciones que nos pueden llevar a funestas consecuencias que ni unos ni otros las deseamos, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Exhortamos a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, a acatar la sentencia emitida por la jueza Lucy Blacio, de la Corte Nacional de Justicia, en base a las consideraciones y formas que se detallan a continuación.

 2.      Con todo respeto a las decisiones que tome el Pueblo Kichwa Originario de Sarayaku, sugerimos que, en acuerdo con los abogados defensores de las personas mencionadas, propongan a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo Nacional de la Judicatura y al Ministerio de Justicia, que, en el marco de la colaboración de la justicia indígena y la justicia ordinaria establecidas en el artículo 171 de la Constitución del Ecuador, se disponga el cumplimiento de la sentencia con restricción de movilidad y trabajo comunitario en Sarayaku, durante el tiempo de la misma.

 3.      Exhortamos al Presidente de la República a aceptar esta solución del caso, pues empeñarse en que se cumpla con un periodo de cárcel no beneficia a ninguna de las partes; al contrario, puede ahondar las heridas que han surgido y puede generar otras si se llega a una confrontación violenta. Cumplir la sentencia con restricción de movilidad y trabajo comunitario no solo que se hará justicia, sino que beneficiará al pueblo de Sarayaku que les ha brindado protección, equivocados o no, pero llenos de buena voluntad y transparencia.  

 4.      Instamos a la Asamblea Nacional que, una vez cumplida la sentencia, Cléver Jiménez sea reintegrado a su curul como Asambleísta Provincial, pues así fue la decisión popular que lo designó, incluso a sabiendas del problema legal en el que se encontraba.

 5.      Sugerimos la conformación de una comisión de verificación del cumplimiento de la sentencia que informe periódicamente la situación de las personas mencionadas y el aporte que están dando a la comunidad.

 Consideramos que no es momento de ahondar las diferencias, sino de buscar alternativas que puedan satisfacer medianamente a las partes involucradas en este conflicto y, sobre todo, que no perjudiquen a terceros.

Por el Consejo Directivo de INREDH

Beatriz Villarreal Tobar

Presidenta