Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde desaparecida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito, solicitó al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que emita una ampliación de la sentencia en torno a las medidas de reparación dispuestas por esta entidad el pasado 17 de julio.
«Es necesario la ampliación de la sentencia – dice Rodríguez- con el objetivo de garantizar la no repetición y conservar memoria de mi hija».
En la sentencia escrita emitida por el Tribunal de Garantías Penales se ratifica la culpabilidad de Jonathan Carrillo Sánchez por el delito de secuestro con resultado de muerte de la joven de 18 años, condenándolo a una pena privativa de libertad de 25 años y se dicta cuatro medidas de reparación.
Dentro de la sentencia de 91 hojas se señala: oficie a la Secretaría Nacional de Planificación y a la Secretaría de la Presidencia de la República la creación de un Registro de Pastores, Pastoras, Líderes Religiosos, Ministros y Ministras de Cultos; el retiro inmediato del nombre “Iglesia Oasis de Esperanza” de esa comunidad y deja prohibido el uso de este nombre para iglesias de esta denominación; que a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Nacional del Ecuador se les imparta talleres y cursos en Género y Derechos Humanos; y como medida de reparación material se dispuso el monto de 100 mil dólares.
Para Pamela Chiriboga, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada del caso, la reparación integral, como lo ha mencionado la jurisprudencia nacional e internacional tiene por objetivo el retorno de la víctima al estado anterior al de la vulneración. “En casos como la desaparición de Juliana Campoverde, no se puede regresar a ese estado anterior y de ahí, la importancia de otorgarle medidas de reparación integral que puedan de alguna manera solventar, sanar, rehabilitar a su familia y a la sociedad luego de 7 años de lucha y búsqueda constante”.
Sin embargo, para esta sentencia no se tomó en cuenta las medidas de reparación propuestas por la familia de Juliana. Una de estas peticiones realizadas en la audiencia de juzgamiento instalada en el Complejo Judicial Norte fue continuar con las búsquedas hasta que el cuerpo de Juliana pueda ser hallado y de esa manera su familia obtenga verdad, justicia y un cierre de su ciclo de duelo.
En cuanto al funcionamiento de la Iglesia Oasis de Esperanza, lugar donde Jonathan fungía de pastor de jóvenes, la Fiscalía y la acusación particular pidió su cierre definitivo para que no siga operando ni con ese nombre ni con ningún otro -enfatizó Chiriboga-. Además, solicitó se oficie al Cuerpo de Pastores de Quito y a la Iglesia Cuadrangular para que impongan las sanciones administrativas.
A Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, le preocupa que el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha no se haya pronunciado sobre las búsquedas para dar con el paradero de su hija. “Como mamá no voy a descansar hasta encontrar a mi hija y el Estado tienen obligación de buscarla. Por eso mismo exijo que se debe investigar y sancionar a los 10 fiscales que pasaron por el caso”.
Además, menciona que la sentencia de 25 años es justa; sin embargo, «eso debió darse desde del 7 de julio de 2012, momento en que desapareció mi hija, con esto no quiere decir que se haya hecho justicia porque justicia es que me devuelvan a Juliana”.
Por ello, la abogada Chiriboga considera importante la ampliación de la sentencia, específicamente de la reparación integral, ya que esto permitiría garantizara futuro los estándares de reparación y los derechos como víctimas indirectas.
“Si bien se declara la culpabilidad de Jonathan Carrillo, se lo priva de libertad y hay medidas de reparación económica, éstas no son suficientes porque no permiten la reparación a nivel integral. Ésta debería tener otro alcance: la continuación de la búsqueda del cuerpo de Juliana, el cierre definitivo de la Iglesia Oasis de Esperanza, que va más allá del cambio de nombre, la investigación de fiscales y agentes investigadores negligentes y parciales, el espacio en el museo de la memoria, etc., medidas que fueron pedidas en audiencia y de las que no ha habido pronunciamiento por parte del Tribunal”, concluye.